LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 (EUROPA PRESS)
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) ha criticado este miércoles que la Secretaría General del Instituciones Penitenciaras del Ministerio del Interior “ha dejado sin asistencia sanitaria” a la población reclusa del archipiélago.
Esto se debe, explica CCOO en un comunicado, a que las “condiciones y la degradación laboral imperante” en Instituciones Penitenciarias ha dejado las prisiones “sin facultativos”, además de “muy mermado el resto de personal sanitario, que tiene una sobrecarga de trabajo de más de un 50 por ciento”.
Al respecto, señalan que esto es consecuencia del “fracaso de Interior en su estrategia de tratar de obligar” a las comunidades autónomas a “asumir gratis” la transferencia de la sanidad de las prisiones a la que “obliga la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, un parche de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que ha impedido resolver los problemas endémicos de la sanidad” en las cárceles.
Actualmente aseguran que el 70 por ciento de las plazas de personal facultativo en las cárceles canarias “está vacante” debido a la “ilusión de la transferencia” y a la “expulsión del sistema de este personal sanitario, una medida que han impulsado las unidades responsables de prisiones y que está sostenida en unas malas retribuciones y condiciones laborales”.
Así, ha provocado que “más del 90 por ciento de las plazas que se convocan queden vacantes, una situación que genera un tremendo colapso” sanitario al sumarse la “jubilación masiva de las personas titulares de plazas”.
A todo ello, suman que desde las gestiones de los centros penitenciarios “se sigue apostando por ocurrencias como la implantación de un sistema de teleasistencia médica que hará incrementar las cargas de trabajo del ya muy saturado” personal de enfermería, que se responsabiliza “de las urgencias, de los ingresos y de los aislamientos, cuando no tienen la potestad de realizar exploraciones clínicas ni de diagnóstico”.
Asimismo critican que los sistemas informáticos y la digitalización en prisiones son “prácticamente inexistente o de baja calidad”, ya que no se ha producido la modernización digital de la institución, acusando de emplear los “fondos europeos a la compra de ordenadores para altos directivos”.
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