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Salamanca reclama al Gobierno de España 7,7 millones por los “perjuicios” ocasionados por el impuesto de plusvalía

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SALAMANCA, 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Salamanca acordará este jueves interponer una reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Gobierno de España como consecuencia de “los perjuicios ocasionados” a la hacienda municipal por “la declaración de inconstitucionalidad” de la regulación legal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), unos perjuicios que ha cifrado en unos 7,7 millones de euros.

Así lo ha avanzado el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, quien ha explicado que el Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias (años 2017, 2019 y 2021) declaró “contraria a la Constitución” la regulación del Impuesto contenida en el la Ley de Haciendas Locales.

En este sentido, ha incidido en la Sentencia de 26 de octubre de 2021, que conllevó la “imposibilidad” de liquidar el Impuesto, lo que provocó que el Gobierno de España aprobara el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre (que entró en vigor el 10 del mismo mes), con el fin de “salvar el vacío legal provocado por la sentencia”.

Según sus palabras, “como consecuencia de las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional, hasta la sentencia de octubre de 2021 el Ayuntamiento se vio obligado a la devolución de las cantidades ingresadas por este concepto en los supuestos en que quedaba acreditada la inexistencia de incremento de valor del terreno transmitido; a la anulación de las liquidaciones practicadas no ingresadas o recurridas en vía administrativa cuando se daba tal circunstancia; y a la declaración de no sujeción al impuesto en dichos supuestos”. Entonces, el “daño provocado” ascendió así a 3.461.466 euros, ha apostillado.

Asimismo, tal y como ha continuado, a consecuencia de la sentencia de octubre de 2021, el Ayuntamiento tuvo que devolver el importe de las liquidaciones o autoliquidaciones que “no habían adquirido firmeza”, y tuvo que “renunciar a liquidar las transmisiones anteriores a esa fecha que se encontraban pendientes de declaración por los obligados tributarios, o de comprobación y regularización por el Ayuntamiento”, con una cantidad que ascendió a 4.243.232 euros.


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