MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros dio luz verde este martes en primera vuelta al anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de Grupos de Interés por el que crea un registro de ‘lobbies’ con la Administración General del Estado (AGE) y “combate” las llamadas ‘puertas giratorias’ al establecer que los altos cargos públicos no puedan realizar actividad de influencia en materias relacionadas con sus competencias durante los dos años siguientes a su cese.
Así lo expuso la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó en una primera fase dicha norma, recogida en el plan de recuperación.
Montero destacó que se regula “por primera vez” en España las relaciones entre los grupos de interés, conocidos como ‘lobbies’, con el sector público y se crea un registro en el que será obligatorio que se incluyan para “garantizar transparencia”. El registro estará disponible en el Portal de Transparencia y en la Oficina de Conflictos de Intereses.
Incluirá “datos relevantes” como el domicilio, las personas físicas y jurídicas que se consideran como ‘lobbies’, información financiera, la parte imputable a la actividad de influencia o la identificación de quienes participan en reuniones que se mantienen con el personal público de la AGE. La norma determinará cuáles son los perfiles de la administración general que tendrán que tener en cuenta lo establecido en su articulado a la hora de reunirse o contactar con determinados grupos o individuos. Quien quiera celebrar reuniones con miembros de la AGE deberá estar registrado para ello.
Se define actividad de influencia como aquella comunicación directa o indirecta con el personal público implicado en la actividad normativa por parte de una entidad o grupos organizados privados o no gubernamentales que tengan el fin de influir para lograr un beneficio propio.
Quedarían excluidos como ‘lobbies’ las propias administraciones públicas, organismos, organizaciones internacionales, partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones que defiendan intereses económicos y sociales propios como los colegios profesionales. Los que sí podrían tener esa calificación son las entidades o fundaciones creadas o financiadas por estas mismas organizaciones, dado que no están al amparo de las atribuciones constitucionales de quienes las auspician.
Los ‘lobbies’ registrados deberán cumplir con un código de conducta como no ofrecer regalos a gestores públicos.
Se elaborará una memoria de impacto de cada ley que “va a permitir seguir quiénes, en qué momento y sobre qué materias han participado” quienes han influido desde fuera de la administración.
Por otra parte, Montero informó de que la norma también “combate las llamadas ‘puertas giratorias’”, de manera que un alto cargo público que cese en su puesto no podrá realizar actividad de influencia relacionada con sus tareas durante los dos años siguientes a su cese, para lo que se modifica la ley reguladora del alto cargo en la Administración General del Estado (AGE). De esta forma, no podrán trabajar para ‘lobbies’ que formen parte del registro cuando finalicen su actividad.
El anteproyecto incorpora un régimen sancionador para los ‘lobbies’ con multas que serán proporcionales a la gravedad de las actuaciones cometidas y podrá suponer hasta la expulsión del registro de grupos de interés hasta tres años y así no poder concurrir en la elaboración de una ley.
Con esta ley, “España cubre una carencia que tenía nuestro ordenamiento a la hora de transparentar las actividades legítimas de estos grupos de interés y responde por añadido a una demanda de la sociedad civil”, concluyó Montero.
Al ser preguntada sobre si hay tiempo para tramitar esta norma, Montero afirmó que lo hay porque el Ejecutivo “tiene previsto agotar la legislatura”. También comentó que “vamos bien” en el calendario de reuniones en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.
- Te recomendamos -
