MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
UGT y CCOO rechazaron este martes el paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera a partir del domingo y señalaron que no es una huelga, por lo que no tiene cobertura legal para organizar piquetes informativos. Por ello, pidieron al Ministerio del Interior que garantice el derecho al trabajo de quienes no secundan este cese de actividad.
UGT subrayó que el paro frivoliza con una medida que debe ser de “último recurso”, cuando hace escasos meses asumió como válidos los puntos de un acuerdo consensuado con el Gobierno que venía a dar respuesta a las principales demandas del sector y, en concreto, de la citada Plataforma.
El sindicato ve “inasumible” que se trabaje a pérdidas, pero recordó que la ley que lo prohíbe acaba de iniciar su andadura y necesita “tiempo y recursos”, entre los que destacó la necesidad de reforzar las inspecciones para ofrecer resultados. Además, valoró que las medidas adoptadas por el Gobierno fueron varias, incluyendo ayudas directas a las empresas, y todas ellas destinadas a mejorar la situación del sector.
Asimismo, el sindicato resaltó que las principales asociaciones empresariales con representación en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) han manifestado su rechazo a esta convocatoria.
El sindicato, que detecta también motivaciones “políticas” tras este paro, pidió al Ministerio del Interior que, de llevarse a cabo el paro, garantice la seguridad del resto de trabajadores del transporte que decidan estar operativos en esos días.
Por su parte, CCOO puso el acento en que el paro vuelve a ser “objeto de confusión, nuevamente, por la práctica totalidad de medios de comunicación, denominando con el término ‘huelga’ a una iniciativa de cese de actividad o paro patronal”. A su juicio, “la tergiversación del lenguaje ya es a propósito, un mensaje malintencionado que confunde a las personas trabajadoras del sector y a la sociedad en general”.
“Recordamos que el paro patronal no tiene la cobertura de una huelga legal y, por tanto, tampoco tiene la cobertura del derecho a organizar piquetes informativos ni da cobertura a que el personal conductor asalariado pueda dejar de trabajar. Esperamos que, de llevarse a efecto, el Ministerio del Interior garantice que no se vuelvan a producir agresiones ni actuaciones violentas que pongan en riesgo la vida de las personas y la seguridad vial”, agregó.
Avisó también de que “no se pueden resolver los problemas de atomización del sector, la competencia desleal, los falsos autónomos, la carga y la descarga, el futuro de la profesión, la jubilación anticipada, las enfermedades profesionales, la seguridad vial, el dumping social, el fraude salarial o la transición energética sin hablar y acordar medidas en una mesa de diálogo que cuente con la participación de todas las partes involucradas”.
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