SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda Marifrán Carazo, ha defendido que una revisión de la Ley de Desindexación supondría “todo un revulsivo para la puesta en marcha de proyectos claves para la economía andaluza” y que se podrían desarrollar “de la mano de la iniciativa privada”. Carazo ha reclamado una vez más al Gobierno de España a que proceda a la modificación de esta norma en el transcurso de un almuerzo coloquio en torno a la colaboración público-privada desde una perspectiva económica que se ha celebrado en la sede de la Asociación de Constructores y Promotores Gaesco en Sevilla.
Carazo ha advertido de que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y la Ley 2/2015 de Desindexación “hacen que las empresas vean poco atractivo este sistema por su escasa rentabilidad”. “Entendemos que hay que hacer lo posible para casar la lógica rentabilidad del inversor y la necesidad de la administración de velar por el destino adecuado del dinero público”, ha señalado la consejera, aclarando que esas consideraciones se pueden incluir dentro en una modificación de estas normas.
La consejera ha remarcado, según se indica en nota de prensa, que la colaboración entre el sector privado y el público es más necesaria que nunca para que “Andalucía avance dentro de un escenario actual de tanta incertidumbre económica”. Para el Gobierno andaluz, ha señalado, se trata de “una vía de financiación complementaria que nos permitiría agilizar la ejecución de los proyectos que demanda la sociedad”.
Carazo ha indicado que, a pesar de las limitaciones existentes de la norma actual, la Consejería de Fomento sí ha dado pasos para incentivar la colaboración público-privada, bajo la premisa de proyectos bien definidos y con el necesario control. Al respecto, ha recordado que esta alianza “no es nueva en Andalucía, pero no se desarrolló con eficacia, como quedó demostrado con los sobrecostes de la Línea 1 del Metro de Sevilla o la paralización de proyectos como la Autovía del Almanzora o la autovía del Olivar”.
Las nuevas líneas abiertas de colaboración público-privada se palpan, ha indicado la titular de Fomento, en vivienda. De la mano del Plan Vive En Andalucía se ha abierto tres convocatorias de ayudas para la construcción de viviendas en alquiler a precio asequible que no sólo son para promotores públicos, sino también para promotores privados. “En Huelva, se culminó una promoción de 60 viviendas en Marismas del Odiel, que se paralizó debido a la crisis inmobiliaria de 2008”, ha indicado.
Además de esta convocatoria, ha mencionado el programa de permuta de suelos por viviendas puesto en marcha por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Este programa, que ofrece a promotores privados suelos de titularidad de la Junta a cambio de que un número de esas viviendas se incorporen al parque público, ya se ha iniciado en el barrio de Pescadería en Huelva y la Huelva de Santa Isabel en Córdoba, con un más de un centenar de viviendas previstas.
Esa línea de trabajo se va a potenciar de la mano del Plan Ecovivienda, el mecanismo ideado por la Consejería de Fomento para gestionar y ejecutar los fondos europeos Next Generarion en materia de vivienda, que ha resuelto ayudas para la construcción de alrededor de 1.000 viviendas en alquiler energéticamente sostenibles en suelos de AVRA a través de la colaboración público privada.
Asimismo, ha citado la reactivación de proyectos de colaboración público privada en áreas logísticas como el Puerto Seco de Antequera, que en la pasada legislatura se desbloqueó tras 15 años de trámites y que actualmente esté en ejecución la primera fase de urbanización, con más de cien hectáreas. La consejera ha incidido en que esta iniciativa sumará una inversión de 500 millones de euros: 100 millones de las obras de urbanización y 400 millones de los operadores logísticos.
Por último, ha incidido que el camino iniciado tendrá continuidad de la mano del nuevo Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad en Andalucía (Pitma 2030), que se aprobó la pasada semana en el Consejo de Gobierno, y que recoge una inversión de 7.766 millones de euros de los que se prevé que en torno a un 18 por ciento proceda de la colaboración público-privada.
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