Oposición ve “vacío” el nuevo marco normativo para el juego y cree que la Xunta actúa “tarde” para reducir la temporalidad en la administración
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS)
Las propuestas legislativas del Gobierno gallego para reformar el marco normativo del juego y para estabilizar más de 10.300 plazas en la administración han superado el primer trámite parlamentario con el rechazo, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, de las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición.
Ambos textos han protagonizado el arranque de la primera sesión plenaria del mes de noviembre, que ha echado a andar este martes con la elección por unanimidad de Ana Fernández Roca como nueva miembro del Consello Social de la Universidade de A Coruña.
Tras la votación en urna, el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, ha subido al estrado para explicar las principales líneas de la propuesta legislativa elaborada por la Xunta para actualizar el actual marco normativo del juego, en vigor desde el año 1985.
El responsable de Presidencia, Xustiza e Deportes ha subrayado que el texto aprobado por el Consello de la Xunta a finales de septiembre busca “planificar y ordenar” aquellas modalidades de juego que dependen de la administración autonómica, es decir, casinos, locales de apuestas o máquinas en hostelería, entre otras modalidades.
El número tres del Ejecutivo gallego ha defendido que se trata de un proyecto de ley “muy trabajado”, “consensuado” con el sector, universidades y colectivos de afectados, y que pretende dotar de “seguridad” al tiempo que se garantiza “la protección de los menores y de colectivos vulnerables”.
Sobre esto, Calvo ha destacado la introducción en la ley de la prohibición de que los locales de juego se sitúen a un radio menor de 300 metros de distancia de centros educativos y de rehabilitación para personas con ludopatía. Con anterioridad, la distancia era de 150 metros y lineales.
Además, también ha resaltado la limitación a un número determinado de establecimientos de juego en la Comunidad, con la que habría capacidad para otorgar licencia para crear otros 15 más; y la prohibición a que la TVG y la Radio Galega acepten publicidad de casas apuestas o de juego, que sí podrán incluir anuncios en la prensa escrita siempre que no incluyan “mensajes” que vayan más allá de difundir su nombre o dirección.
Sin embargo, los grupos de la oposición (BNG y PSdeG) consideran que la ley está “falta de ambición y de valentía” que, además, está “vacía” al dejar su desarrollo normativo a la elaboración de reglamentos todavía por concretar.
Así lo han expuesto los diputados Iria Carreira (BNG) y Julio Torrado (PSdeG), encargados de defender las enmiendas a la totalidad registradas por los grupos de la oposición y que fueron rechazadas por los votos del grupo mayoritorio, cuya viceportavoz, Paula Prado, ha lamentado el “discurso destructivo” de nacionalistas y socialistas, a los que pedido “altura de miras” para “dejar al lado las críticas vacías y demagógicas” y trabajar durante el período de tramitación para enriquecer el texto.
“La ley peca de falta de ambición y de valentía. No son palabras mías, son del exconselleiro del PP Agustín Hernández”, ha aseverado Julio Torrado en alusión al informe emitido por el Consello Económico Social (CES) que preside el exmiembro del Ejecutivo gallego y que, según socialistas y nacionalistas, fue “ignorado” por la Xunta.
Y es que Iria Carreira también ha puesto el foco en la postura “crítica” del CES, que cuestiona aspectos sobre la limitación a los medios públicos de las restricciones a la publicidad o que la ubicación de establecimientos de juego pueda influir en la elección de parcelas para levantar centros educativos debido a la distancia mínima que marca este nuevo texto.
“Este gobierno tiene un problema con esta ley, porque hasta dentro del propio gobierno se presentan alegaciones contra ella”, ha asegurado el diputado socialista, que ha defendido que las consellerías de Sanidade y Mar cuestionaron algunos aspectos recogidos en la ley elaborada por el departamento que encabeza Diego Calvo, quien tomó la palabra al término del debate para negar que existan consellerías que estén “en contra” del texto.
Antes, Torrado se ha preguntado “para quién” está hecha esta ley “si no ha quedado nadie sin presentar alegaciones”, desde el propio sector a los colectivos de personas con problemas con el juego “o las propias consellerías”, mientras que Carreira ha calificado de “decepcionante” que el texto que entra ahora en tramitación en la Cámara “tras cuatro años de elaboración” deje “muchos aspectos pendientes de regulación”, “contemple” la ampliación de la red de establecimientos y no ataje problemas como la realización de apuestas por parte de los menores de edad.
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO
La sesión plenaria ha continuado con el debate de la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada en el Consello de la Xunta el pasado 13 de octubre y con la que el Gobierno autonómico pretende dotar de “seguridad jurídica” y “agilizar” el proceso de convocatoria de más de 10.300 plazas.
La meta de la Administración autónomica es, como ha explicado desde el estrado del hemiciclo el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos; es llevar a cabo la convocatoria antes de que concluya este año, algo que, para la oposición, supone “llegar tarde” y “con prisas” al cumplimiento de la norma marco en vigor desde finales del pasado año que marca como plazo, precisamente, el cierre de 2022.
De nuevo Iria Carreira ha sido la encargada de defender la enmienda a la totalidad del principal grupo de la oposición, que ha acusado a la Xunta de “precipitación” en la elaboración del texto a pesar de que conocían las limitaciones temporales.
“No se entienden los argumentos para presentar la enmienda a la totalidad, salvo que se objeto sea retrasar su aplicación”, ha señalado el diputado del PP Alberto Pazos Couñago, quien ha demandado a la oposición “sentidiño y responsabilidad” durante la tramitación de la propuesta de ley.
Por su parte, Gonzalo Caballero (PSdeG) ha acusado a la Xunta de “legislar mal y a destiempo”, como, según el exsecretario xeral de los socialistas, evidencia la forma de actuar con el encaje legisaltivo a la estabilización de interinos.
CONTENIDO LEY
El proyecto de ley permitirá, según el Ejecutivo autonómico, “salvar todos los defectos e imprecisiones que contiene” la ley estatal y convocar antes del 31 de diciembre de 2022 todos los procesos de estabilización que se desarrollarán en el marco de la misma. El proyecto contó con el voto a favor de CC.OO., UGT y CSIF en la Comisión de Personal.
La ley estatal de medidas urgentes distingue dos tipos de procesos: uno de estabilización mediante el sistema de concurso de méritos, en el cual se valorarán exclusivamente los méritos, y otro a través del sistema de concurso-oposición, que comporta la realización de exámenes.
El primero de los procesos se empleará para ofertar todas las plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal y de manera ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016, mientras que el segundo será de aplicación a las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente por lo menos los tres años anteriores a 31 de diciembre del año 2020.
En este marco, la Xunta ya aprobó el pasado mes de mayo los decretos de oferta de empleo de la Administración pública en los que se incluye un total de 10.338 plazas para este proceso de estabilización de empleo. De ellas, 8.703 se seleccionarán por el sistema de concurso de méritos y otras 1.635 a través de un concurso-oposición.
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