MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
El Tribunal Constitucional ya rechazó en 1992 utilizar la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para modificar otra norma con un contenido ajeno a las cuentas públicas, como Unidas Podemos, ERC y EH Bildu quieren hacer ahora con sus enmiendas a los Presupuestos que incluyen sus demandas en materia de vivienda.
Fuentes de los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados consultadas por Servimedia señalaron la sentencia 76/1992 del TC como la jurisprudencia que rige en estos casos, y dieron así tácitamente la razón al PSOE en la polémica que se suscitó el jueves pasado cuando, en una reunión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, los socialistas y el Partido Popular quisieron suprimir administrativamente dichas enmiendas. La presidenta de la Comisión, la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido, se negó a aceptar la pretensión, pero el asunto queda pendiente para la reunión de la Mesa prevista para hoy, martes, a las 12.00 horas.
Ayer, la coportavoz de la Ejecutiva de Podemos y secretaria de Vivienda de la misma, Alejandra Jacinto, lamentó en rueda de prensa que “parece que el Partido Socialista se ha vuelto a aliar con el partido inmobiliario español, con el Partido Popular, y están usando excusas burocráticas para tratar de bloquear la tramitación de las enmiendas y que el Congreso no pueda pronunciarse democráticamente sobre ellas”. “Esperamos que el Partido Socialista, más allá de emocionarse viendo la película ‘En los márgenes’, sea capaz de poner soluciones reales encima de la mesa para garantizar el derecho a la vivienda”, emplazó.
Sin embargo, sucede que la mencionada sentencia 76/1992 declaró inconstitucional y anuló un artículo de la Ley General Tributaria tal como quedó redactado en la ley de Presupuestos para 1988, al estimar de dicha norma que su “incidencia en la ordenación del programa anual de ingresos y gastos es sólo accidental y secundaria y por ende insuficiente para legitimar su inclusión en la Ley de Presupuestos, cuyo contenido propio y su función constitucional resulta desvirtuado por la incorporación de normas típicas del Derecho codificado”. Es, por tanto, “una materia que no tiene un grado de vinculación suficiente, esto es, directa con el ámbito del contenido posible de este tipo de leyes”.
Las fuentes jurídicas consultadas por esta agencia explicaron que dicha sentencia estableció que “la ley de Presupuestos tiene que tener una materia regulada, que tenga algo que ver con los gastos e ingresos” y “todo lo que no cumpla ese parámetro se tiene que dejar fuera”. “La casuística es enorme, y hay que analizar cada tipo de enmienda, pero no es infinita”, sintetizaron. “La Ley de Presupuestos no puede regular todo”.
Las cuatro enmiendas registradas por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu al proyecto de Presupuestos recogiendo las demandas de los colectivos de derecho a la vivienda (antes las presentaron a la propia Ley de Vivienda, pero ésta sigue sin tramitarse por el empeño del PSOE en limitarse al texto que se aprobó en el Consejo de Ministros) “puede que no guarden relación con eso”, según deslizaron las fuentes consultadas de los letrados del Congreso, sin querer pronunciarse específicamente sobre este caso particular, por las connotaciones políticas que tiene y en las que ellos no entran.
LAS ENMIENDAS
Las propuestas de modificación de estos grupos de izquierda a la Ley de Vivienda y ahora trasplantadas a enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos abogan por extender a los pisos de pequeños propietarios (menos de 10 inmuebles) el tope al precio del alquiler que el anteproyecto de la Ley de Vivienda ya fijó para grandes tenedores en las zonas tensionadas de las ciudades, y por prohibir de forma permanente los desahucios de compradores e inquilinos vulnerables si no se les facilita una alternativa habitacional.
Fuentes de Unidas Podemos se quejaron el jueves de la “precipitada” sesión de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Presupuestos, que se convocó para las 7.30 horas, y de que el PSOE, “en alianza con el PP”, hubiera querido “tumbar administrativamente, a puerta cerrada y sin que el Parlamento se exprese democráticamente, las enmiendas regulación de las subidas abusivas de los alquileres y paralización de los desahucios”, alegando que las modificaciones a una ley no pueden cambiar otra, cuando esto es una práctica habitual en el Congreso.
Sin embargo, preguntada al respecto por la tarde en los pasillos de la Cámara, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contradijo: “No es verdad. El letrado del Congreso ha planteado una inadmisibilidad de determinadas enmiendas que entendía a criterio profesional que no están en línea con lo que es una tramitación de un proyecto de Presupuestos”.
Según su versión, Garrido había “querido someterlas a votación”, pero el PSOE “trasladó que, evidentemente, iba a respaldar el criterio que se había planteado en términos profesionales”. “No parece lógico desviarse de ese criterio”, constató, dejando caer que “aquí cada uno cuenta las cosas como le parece”.
Las fuentes jurídicas consultadas por Servimedia parecieron dar la razón a la ministra de Hacienda, pero desde Unidas Podemos recordaron que el año pasado una suya junto a ERC y EH Bildu para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional llegó a votarse en la tramitación de las cuentas públicas en la Comisión de Presupuestos, pese a la opinión de los letrados. Ya en la votación en la Comisión el PSOE unió sus votos a los del PP para evitar que la enmienda siguiera adelante.
Fuentes del PP consultadas por esta agencia el mismo jueves también corroboraron a Montero indicando que se habían “visto los informes de los letrados sobre las enmiendas que presentan algunas discrepancias, entre las que se encuentran las enmiendas que pretenden regular materias que con arreglo a la jurisprudencia constitucional podrían no tener contenido presupuestario”. Estas enmiendas no serían sólo las de vivienda, sino “también otras 13 del PP, otras 12 de ERC; cuatro de EH Bildu, de Ciudadanos y de Junts; y dos del PNV, el PDeCat y Compromís”.
- Te recomendamos -
