Pide también al Servicio de Inspección un informe sobre la situación en los TSJ
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encargado al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (TS) que emita un informe sobre el “impacto” que tiene sobre “cada una de las salas” del Alto Tribunal “la imposibilidad legal” del órgano de gobierno de los jueces –mientras está en funciones– de “efectuar nombramientos discrecionales” a raíz de la reforma aprobada en marzo de 2021.
Según consta en los acuerdos adoptados el 3 de noviembre, recogidos por Europa Press, la Comisión Permanente del CGPJ también ha pedido al Servicio de Inspección que redacte un informe sobre el “impacto” que tiene en “cada uno de los distintos tribunales superiores de justicia” (TSJ) tanto la “imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales” como la “denegación de medidas de refuerzo por parte del Ministerio de Justicia”.
Hace un año, en octubre de 2021, la Sala de Gobierno del Supremo aprobó un informe del Gabinete Técnico en el que se avisaba de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales en el Alto Tribunal implicaría que al año se realizaran 1.000 sentencias menos.
El documento hacía un repaso a la repercusión que tiene la imposibilidad de cubrir vacantes en cada de una de las cinco salas del tribunal. Salvo en la Sala de lo Penal –a la que la falta de cobertura de vacantes no le afectaba en el futuro inmediato– en el resto de salas la situación se define como muy preocupante de no cubrirse con urgencia las plazas.
Un año después, la situación no ha mejorado: el CGPJ sigue en funciones y ahora con un presidente interino tras la dimisión de Carlos Lesmes, por lo que no puede realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial; y los partidos políticos siguen sin llegar a un acuerdo para renovar a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces, que están con el mandato caduco desde diciembre de 2018.
La situación, de hecho, ha empeorado toda vez que varios magistrados del Supremo se han jubilado y su salida ha abocado al tribunal a un colapso aún mayor. Ante tal escenario, fuentes del órgano de gobierno de los jueces han asegurado a Europa Press que el Consejo baraja entre sus opciones la de rescatar un ‘plan b’ ideado en tiempos de Carlos Lesmes para aliviar la “insostenible” situación del Supremo.
Según los datos que maneja el propio CGPJ, el Alto Tribunal cuenta con 17 vacantes que en los próximos meses podrían aumentar a 20 –lo que supondrá el 25% de sus efectivos–, con un panorama especialmente preocupante en dos salas: la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo.
LO SOCIAL Y LO CONTENCIOSO, AL LÍMITE
Dentro del TS la situación más asfixiante la sufre la Sala de lo Social. Cuenta con 8 magistrados, tras las recientes jubilaciones de su hasta ahora presidenta, María Luisa Segoviano, que ha sido sustituida por Rosa María Virolés –por ser la magistrada de mayor antigüedad–, y de Ricardo Bodas, cuando la Ley de Demarcación y Planta Judicial establece que debe estar constituida por 12 magistrados y el presidente: 13.
Esta sala lleva cuestiones tan relevantes como las reclamaciones laborales relacionadas con la COVID-19. De hecho, en el último pleno presidido por Segoviano se aprobó la sentencia que descarta la nulidad automática del despido acordado sin causa válida durante la pandemia.
También preocupa la situación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La ley le adjudica 33 magistrados –presidente incluido– pero las sucesivas bajas la han dejado con 24 que pasarán a ser 23 el próximo 27 de diciembre por la jubilación de Octavio Herrero.
En esta sala hay pendientes dos asuntos destacados: los recursos de PP, Cs y Vox contra los indultos concedidos por el Gobierno a los condenados por el ‘procés’; y los recursos formulados por el vocal Wenceslao Olea y el secretario del CGPJ, José Luis de Benito, contra el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del CGPJ tras la dimisión de Lesmes.
La resolución de los recursos de Olea y De Benito cobra especial importancia en la actual coyuntura, por aclarará hasta dónde alcanza el poder de un CGPJ en funciones, así como la validez de los acuerdos adoptados con Mozo como “presidente suplente”, en los que se enmarcarán cualquiera de los mencionados para rescatar al Supremo.
La Sala de lo Militar atraviesa asimismo una situación crítica por cuanto de los 8 magistrados que le otorga la ley solo conserva 6, que el 7 de septiembre de 2023 podrían quedar en 5 por la jubilación de Fernando Pignatelli.
Más holgada es la situación de las salas de lo Civil –con tan solo una vacante y 9 de sus 10 magistrados– y lo Penal –que aguanta con sus 15 magistrados, aunque el 13 de abril de 2023 podría sufrir su primera salida por la jubilación de Miguel Colmenero.
Cabe recordar que esas 17 plazas desiertas en el TS forman parte de las 68 vacantes que hay a día de hoy en la cúpula judicial, entre las que también hay que sumar 30 en los tribunales superiores de justicia –incluidas siete presidencias–, 20 en las audiencias provinciales y una en la Audiencia Nacional.
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