MÉRIDA, 7 (EUROPA PRESS)
La Junta de Extremadura ha puesto en marcha un proyecto formativo dirigido a la pequeña y mediana empresa extremeña con el objetivo de garantizar que éstas ejercen su actividad con garantías de cumplir la normativa que regula el comercio electrónico y siguiendo una visión más “preventiva” que “fiscalizadora”.
El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María, José María Vergeles, que ostenta también las competencias en consumo, y el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, han presentado este lunes en rueda de prensa esta acción conjunta.
De este modo, el contenido de la formación incluye los principales aspectos y requisitos legales que la normativa vigente exige a los empresarios en materia de información precontractual y contractual en el ámbito del comercio electrónico.
Así, se contemplan cuatro módulos formativos denominados ‘Identificación del vendedor y servicio de atención al cliente’, ‘Características, precios, gastos, pago, entrega, desistimiento y contratación’, ‘Garantías y servicios postventa’ y ‘Condiciones generales de la contratación. Cláusulas abusivas’.
Cabe destacar que, a los participantes en esta acción se les facilitará un modelo de autocontrol para que, una vez finalizada la acción formativa y ya en el ejercicio de su actividad, puedan identificar y adoptar en su página web cuantas medidas sean necesarias para cumplir todos los requisitos legales exigidos.
PALANCA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Vergeles ha destacado que el Ejecutivo regional pretende que el comercio electrónico sea seguro, accesible y también una palanca de desarrollo económico en la región, a lo que ha añadido que, independientemente del efecto de la pandemia en cuanto a acelerar la digitalización de los procesos, el comercio online era ya utilizado.
Así, según la Comisión Europea, el porcentaje de compradores online casi se ha duplicado entre 2009 y 2020, ya que ha pasado del 32 por ciento al 60 por ciento. En 2022 este porcentaje se ha incrementado ya hasta el 85 por ciento de usuarios, algo que ofrece “nuevas oportunidades”, pero también “nuevos retos”, como combatir la brecha digital; tener en cuenta la existencia de empresas localizadas en otros países, lo que dificulta aún más el control de la trazabilidad, y la seguridad.
Durante su intervención, el consejero extremeño se ha referido a que se está consolidando el canal híbrido, una mezcla del comercio de proximidad y el online, lo que representa una oportunidad para las empresas de la región que se quieran adentrar en la venta digital de sus productos.
De ahí que la Dirección General de Comercio y el Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex), junto con las organizaciones empresariales se hayan implicado en la puesta en marcha de este programa formativo, así como otras acciones en esta línea.
Asimismo, ha destacado que la nueva Agenda Europea del Consumidor recoge como pilares básicos, entre otros, los retos que afronta la sociedad en cuanto a la tutela de los derechos e intereses económicos de los consumidores y la adaptación de sus funciones a los nuevos hábitos de consumo y a una trasformación social y digital en continua evolución.
En la práctica, el examen de los sitios web por parte de las autoridades competentes a nivel nacional ha constatado que, entre 2007 y 2019, un promedio del 60 por ciento de los sitios webs analizados no cumplían las normas básicas en materia de información precontractual y ejecución contractual, por lo tanto, necesitaban correcciones.
Este porcentaje se ha confirmado en las actuaciones de control llevadas a cabo por el Incoex, que lleva a cabo de forma periódica una media de 200 controles de empresas que comercializan a través de la web. Así, durante 2021, confirmó un 65 por ciento de incumplimientos en los más de 200 controles de páginas web.
En este sentido, el Incoex ha señalado que en numerosos casos, principalmente la pequeña y mediana empresa que coincide con la existente mayoritariamente en Extremadura, los incumplimientos se deben a un desconocimiento de los requisitos legales mínimos exigidos por parte del empresario, también de aquellas empresas en las que deposita su confianza para la creación e inclusión de contenidos en su web, con la consiguiente sanción a través de multas que podría tener un importante impacto económico la pyme extremeña, algo que se quiere evitar con esta acción.
TRANSVERSALIDAD DEL PROYECTO
Por su parte, el consejero de Economía, Rafael España se ha referido a la transversalidad del proyecto, en este caso para ayudar al consumidor pero poniendo también el foco en las empresas, junto con la colaboración de las organizaciones empresariales.
España ha recalcado igualmente que existen en Extremadura 126 agentes digitalizadores, que son las empresas que pueden implantar en pymes y autónomos actividades de comercio electrónico y ha abogado por trabajar en beneficio de los propios emprendedores que ejercen el comercio electrónico y que no tienen la información suficiente para cumplir con el marco normativo con el objetivo de evitar sanciones.
De este modo, el consejero ha insistido en que la finalidad de este programa es formar e informar a los distintos operadores a fin de que los incumplimientos que se van detectando en el comercio electrónico vayan desapareciendo.
Finalmente, Rafael España ha añadido que, aunque no es nuevo el convencimiento de las ventajas del comercio por Internet, se pretende que el comercio electrónico constituya una práctica común y generalizada en la estrategia de las empresas extremeñas pero también que se haga de manera “eficaz y segura”.
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