VALLADOLID, 7 (EUROPA PRESS)
El dueño de una agencia de viajes de Valladolid que entre 2028 y 2020 cobró por alquileres y ventas de viviendas en concepto de señal y luego no formalizó las operaciones, pese a lo cual se quedó con las cantidades percibidas, ha asumido una condena de dos años de cárcel.
Ante la posibilidad de que fuera condenado a penas de entre cuatro y cuatro años y medio de privación de libertad, solicitudes que, con carácter provisional, formulaban las acusaciones pública y particular, D.S.A. ha preferido reconocer la autoría de los hechos y cerrar un acuerdo de dos años de cárcel–su abogada solicitará la suspensión de la ejecución de la pena para que no entre en prisión–y el pago de una multa de 900 euros.
De este modo no ha sido necesaria la celebración del correspondiente juicio en la Audiencia de Valladolid, cuyo presidente ha anunciado ‘in voce’ el referido fallo como autor de un delito continuado de estafa, con la atenuante muy cualificada de reparación del daño al haber consignado ya la totalidad de las cantidades reclamadas que ascienden globalmente a 9.360 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La condena se completa con el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
El periodo en el que se produjeron los hechos se sitúa entre los años 2018 y 2020, en el que el encausado formalizó hasta medida docena de operaciones, cuatro de ellas de alquiler de viviendas situadas en el Paseo de Zorrilla y las calles Murcia y Ebro por las que obtuvo de los interesados cantidades de entre 450 y 480 euros en concepto de señal.
Sin embargo, el encausado puso en alquiler esas viviendas sin conocimiento de sus propietarios–algunos perseguían la venta del inmueble–, percibió las referidas cantidades de las víctimas y finalmente los alquileres no se llevaron a término.
En otros dos casos se trataba de viviendas puestas a la venta, una en la calle Caamaño y otra en la calle Andalucía, en las que simuló iniciar los trámites para la misma, percibió en el primer caso 2.000 euros del interesado por la reserva y en el segundo 5.500 euros y, al final, ninguna de dichas operaciones llegó a materializarse pero el acusado se quedó con el dinero.
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