MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves “las siete mordazas y el manto de impunidad” que, a su juicio, han supuesto “un grave retroceso de la libertad de reunión y manifestación” en España durante los últimos siete años.
En nota de prensa, la organización pidió al Gobierno y a los grupos parlamentarios derogar la ‘Ley mordaza’ y modificar el Código Penal, cambios legislativos “indispensables” para “garantizar el derecho de protesta y manifestación pacífica”.
En un informe publicado este jueves, Amnistía denunció “siete años de restricciones indebidas que han hecho retroceder el derecho de protesta” en España, “justo en el momento en el que hay abierto en el Congreso un debate sobre libertad de expresión, reunión y manifestación” con la propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana (LOSC).
Amnistía Internacional identifica en él siete causas del retroceso: la reforma del Código Penal; la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (‘Ley mordaza’); el amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad otorgado a las fuerzas de seguridad en su actuación durante las manifestaciones pacíficas; la utilización abusiva de armas menos letales como pelotas de goma o balas de foam; la frecuente interpretación de los tribunales a favor de la versión policial (presunción de veracidad); las contradenuncias de policías contra manifestantes o periodistas que denuncian abusos, y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad. “Son siete mordazas consolidadas poco a poco en estos siete años“, indicó el director de AI España, esteban Beltrán.
Advirtió que esta combinación de “leyes y prácticas que no cumplen con los estándares internacionales de libertad de reunión pacífica o de expresión ha dado lugar a sanciones arbitrarias y a la criminalización de manifestantes pacíficos, de periodistas que ejercían su trabajo y de movimientos sociales, como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca o Extinction Rebellion”.
Otros resultados son “el uso no proporcional de la fuerza” contra manifestantes pacíficos y “un preocupante efecto desmovilizador de la protesta pacífica”, agregó.
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