MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
El PSOE confirmó este lunes su apuesta por un endurecimiento de las condiciones para que los menores de edad puedan ejercer su derecho a la autodeterminación de género, al plantear que todas aquellas personas con menos de 16 años cuenten con una autorización judicial para cambiar de sexo.
Así consta en las enmiendas que el PSOE registró este lunes para modificar el proyecto de la conocida como ‘Ley trans’, confirmando las ideas que ya trasladó el pasado viernes.
El texto que salió del Consejo de Ministros el pasado mes de junio impulsado por la titular de Igualdad, Irene Montero, establece que los menores de edad entre 16 y 18 años podrán acudir al Registro Civil a cambiar libremente su nombre y sexo; un trámite para el que requerirán de la autorización de sus progenitores quienes tengan entre 14 y 16 años, mientras que para quienes tienen entre 12 y 14 años se requerirá un expediente de jurisdicción voluntaria. Por debajo de los 12 años, únicamente se podrá cambiar el nombre en el DNI.
Sin embargo, los socialistas plantean en una de sus enmiendas que “toda persona de nacionalidad española mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo”. El matiz lo incluyen para los menores de esa edad y mayores de 12, quienes “podrán solicitar la autorización judicial para la modificación registral del sexo”.
Esta enmienda del PSOE representa una enmienda a la totalidad al compromiso que adquirió en su momento de enmendar la ley, pero sin tocar la cuestión de la autodeterminación de género.
De hecho, la autodeterminación de género fue una cuestión que en su día acordaron Irene Montero y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y que no se modificó en la ley, ni en su aprobación en primera ni en segunda vuelta en el Consejo de Ministros.
Sin embargo, las presiones del llamado feminismo clásico y de algunas históricas socialistas pertenecientes a esta corriente de pensamiento, encabezadas por la propia Carmen Calvo, a la sazón presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados -órgano que tramitará el texto- parecen haber sido el desencadenante de este cambio de postura en el PSOE.
En el caso de las personas con discapacidad, podrán solicitar el cambio de sexo “con las medidas de apoyo que en su caso precisen”.
El PSOE también pretende que la norma sea más dura en lo concerniente a la reversibilidad, un aspecto en el que buscan que, en caso de un segundo cambio de sexo, se requiera “aprobación judicial”.
Los socialistas siempre han mostrado reticencias a equiparar la violencia intragénero con la violencia machista. Finalmente, han resuelto la discusión introduciendo en sus enmiendas el término “violencia en el ámbito familiar”.
Además, el PSOE incorpora una serie de enmiendas en el ámbito rural, entre las que destaca la concerniente al “sexilio”, un concepto que se refiere al “abandono de las personas lgtbi de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia”.
Con el fin de determinar el número exacto de personas que migran por cuestión de su orientación sexual, los socialistas ven necesario crear, en el plazo de un año, el Consejo de Participación de las Personas Lgtbi para recabar estos datos. En función de la información obtenida, se contemplará el “sexilio” como causa de despoblación en el marco de las políticas contra este fenómeno auspiciadas por el Gobierno.
Por otro lado, el PSOE contempla una serie de enmiendas que buscan la protección de las personas mayores lgtbi, que obligan a las empresas de más de 50 personas a contar con un plan de igualdad y un protocolo de actuación en casos de acoso o violencia, que contemplan la promoción de la integración sociolaboral de las personas trans, especialmente de las mujeres trans, que proponen medidas para evitar situaciones de sinhogarismo entre personas del colectivo lgtbi, que ofrecen recursos sociolaborales y de atención psicológica para las mujeres trans en situación de prostitución, que instan a contar con protocolos de atención ginecológica para mujeres lesbianas y bisexuales, que prevén mecanismos para evitar la discriminación en procesos de adopción o acogimiento familiar, que promueven el asociacionismo juvenil como herramienta de inclusión, que incentivan el turismo inclusivo y lgtbi y que facilitan la creación de programas de información en el ámbito educativo.
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