MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, defendió este domingo las bonificaciones al empleo de personas con discapacidad como “un elemento troncal del Estado de bienestar” que el Gobierno debe mantener y preservar.
Abad hizo estas declaraciones a Servimedia después de conocerse que el Ministerio de Trabajo y Economía Social acaba de finalizar el periodo de consulta pública de un anteproyecto de ley que pretende modificar los incentivos al empleo.
Entre los principales cambios, destacan las consecuencias del texto para las personas con discapacidad, pues entre otras cosas contempla eliminar las ayudas a los Centros Especiales de Empleo que actualmente tienen contratadas a más de 98.000 personas con discapacidad.
Abad se mostró convencido de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a dar marcha atrás en el texto del anteproyecto porque “las bonificaciones van a continuar estando dentro de las prestaciones del SEPE”.
En este sentido, explicó que esta misma semana participó en una reunión con el director general de este organismo y se comprometió con UPTA “a seguir con todas las bonificaciones que existen en este momento”.
Por su parte, la vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular, Carmen Navarro, acusó al Gobierno de “dar la puntilla a más de 100.000 puestos de trabajo” de personas con discapacidad que están contratadas en Centros Especiales de Empleo.
En declaraciones a Servimedia, Navarro declaró que en el PP están “alarmados porque la singularidad y la brecha en el empleo de las personas con discapacidad requieren de un importante apoyo por parte del gobierno y de las administraciones públicas”.
La dirigente popular pidió “no echar por tierra años de trabajo y conquistas sociales en favor de las personas con discapacidad, conscientes de que la principal herramienta de inclusión social es el empleo” y cambiar sus bonificaciones podría dejar sin empleo a muchas de estas personas e impedir que otras tengan acceso al mercado laboral.
“Las medidas unilaterales del Gobierno demuestran, una vez más, que se está decidiendo sobre un tema tan sensible, sin diálogo y acuerdo con el sector. El llamado Gobierno de escudo social da la puntilla a más de 100.000 puestos de trabajo en los centros especiales de empleo dejando atrás a los más vulnerables y acrecentando la brecha laboral de las personas con discapacidad”, sentenció.
Navarro reclamó “seguir incentivando y facilitando al empresario y al empleador la inclusión de las personas con discapacidad, así como la adaptación al puesto de trabajo que asegure el empleo pleno y productivo de este colectivo vulnerable”.
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