Además, el Fiscal pide penas que suman 12 años de cárcel para otras dos personas acusadas de ser cooperadoras necesarias
MURCIA, 30 (EUROPA PRESS)
El Fiscal ha pedido una pena de ocho años de cárcel y 10.800 euros de multa para un individuo acusado de crear un entramado societario que emitía cheques o pagarés sin fondos para pagar a sus proveedores. Además, el Ministerio Público pide seis años de prisión y 7.200 euros de multa para cada una de las dos personas acusadas de ser cooperadoras necesarias en el delito.
El inicio del juicio está previsto para este miércoles, 2 de noviembre, a las 11.00 horas en la sala 009 de la Sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena.
Los hechos se remontan a una fecha no determinada, pero aproximadamente a partir del año 2015, cuando el principal acusado había confeccionado presuntamente todo un entramado de empresas con la finalidad de adquirir numerosos productos de papelería, productos higiénicos, maquinaria de trabajo y productos de baño, entre otros.
Todo ello, “a sabiendas de que no iba a proceder al abono o pago del importe de dichos productos a sus proveedores”, según el escrito de calificación provisional del Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press.
Una vez que recibía la mercancía, el acusado emitía cheques o pagarés sin fondos. Los perjudicados confiaban en su “falsa profesionalidad y apariencia de realidad”, de forma que pretendían cobrar las mercancías entregadas sin percatarse del “ardid”, tal y como añade el Ministerio Público.
El principal acusado se valía para tales hechos de personas de su confianza que “conocían plenamente” sus intenciones y a las que ponía al frente de otras mercantiles para así dificultar la vinculación de él con las operaciones mercantiles, según la Fiscalía.
Sin embargo, el Ministerio Público afirma que el principal acusado era, en realidad, el administrador de hecho de las mercantiles y tomaba las decisiones sobre la marcha de las mismas, sobre las ventas, compras, proveedores o forma y modo de pago.
En el desarrollo de su actividad para almacenamiento y, en algunos casos, venta al público de la mercancía adquirida, se utilizaban naves industriales ubicadas en el términos municipales pertenecientes al partido judicial de Cartagena.
Las empresas estafadas son 38, sin perjuicio de que haya otras que han renunciado a reclamar y otras que no han denunciado los hechos, según el Fiscal.
En concreto, el Fiscal pide para el principal acusado una pena de ocho años de cárcel y 10.800 euros de multa como autor de un delito continuado de estafa cualificada continuada. En cuanto a los otros dos acusados, el Ministerio Público pide para cada uno de ellos seis años de prisión y 7.200 euros de multa como cooperadores necesarios.
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