MÉRIDA, 27 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha defendido el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2023 como un instrumento para afrontar los “retos” y “prioridades” de los extremeños.
Asimismo, ha trasladado un mensaje a los grupos de la oposición, a los que ha dicho que el diálogo “sigue abierto”, ahora ya en el proceso de enmiendas parciales, con el objetivo de seguir incluyendo aportaciones que puedan redundar en la mejora del texto.
Blanco-Morales ha realizado estas declaraciones durante la presentación de las cuentas para el próximo ejercicio en el pleno de debate de la enmienda a la totalidad presentada de forma conjunta por el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos.
En su intervención, ha pedido el apoyo a las cuentas porque, entre las razones por las que entiende que este proyecto de ley debe continuar su tramitación parlamentaria, se encuentra que su elaboración ha estado guiada por una “sincera aspiración” de “aunar esfuerzos y armonizar sensibilidades” y debido a que llegan a la cámara con el compromiso de la Junta de mantener “viva” la voluntad de diálogo hasta el final de su tramitación.
También, ha subrayado, porque el proyecto de presupuestos canaliza el “mayor esfuerzo” de solidaridad realizado por los gobiernos europeos, nacional y regional y porque refuerza la red de servicios públicos que protege a toda la población y ofrece seguridad ante las incertidumbres de tiempos convulsos.
Asimismo, ha destacado la vicepresidenta primera que ponen a disposición de empresarios y autónomos herramientas para que la actividad económica y la creación de empleo no pierda el dinamismo que ha demostrado en los últimos años en la región.
Pero sobre todo, ha pedido el respaldo a las cuentas porque estos presupuestos “afianzan” los avances en materia de cohesión social y económica, de lo que los extremeños se pueden sentir “tan orgullosos”.
DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR
La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda ha asegurado que los PGEx se conciben para defender el Estado del Bienestar con políticas que aseguren la renta, una mayor redistribución y una mejora de la vida de los ciudadanos.
De esta forma, ha mostrado su satisfacción, ya que se ha asegurado que refuerzan los servicios públicos, contribuyen a hacer realidad la igualdad, estimulan la creación de riqueza y empleo y trabajan para alcanzar un modelo más sostenible e inclusivo, con el objetivo de reducir la desigualdad entre sexos, entre diferentes niveles de ingresos y formación y entre zonas urbanas y rurales.
También se ha referido a que en los últimos meses han cambiado el orden de prioridades de los extremeños y los PGEx se adaptan a las mismas, momento en el que se ha referido a que en el proceso para identificarlas se han mantenido encuentros con partidos y agentes sociales y económicos.
MÁS DE 7.770 MILLONES DE EUROS
Las cuentas para 2023 cuentan con un montante global de 7.776 millones de euros y crecen un 11 por ciento con respecto a las de 2022, lo que se traduce en 774,6 millones más. De ese total, más de 4.700 millones financiarán políticas sociales.
La vicepresidenta primera también ha remarcado que las previsiones de los PGEx para 2023 se han elaborado con base en los últimos datos disponibles y con los criterios estadísticos “más exigentes”.
De este modo, ha recordado que las cuentas regionales contemplan un crecimiento del 1,85 por ciento del PIB regional y del 0,85 por ciento del empleo en 2023, previsiones alineadas con las de las instituciones de análisis más prestigiosas y con el aval de la Airef, que las califica como factibles.
MEDIDAS CONTRA EL IMPACTO DE LA INFLACIÓN
Pilar Blanco-Morales se ha referido también a que el aspecto que más singulariza estos PGEx para 2023 son las medidas que incluye contra el impacto de la inflación, algunas de ellas surgidas de las aportaciones de los grupos.
De este modo, la acciones se han diseñado en el marco de las competencias autonómicas y abarcando desde la fiscalidad hasta el mercado hipotecario, además de apoyando al tejido productivo, la protección del empleo, la energía, el transporte, la educación, la agricultura y los servicios sociales.
Las directrices esenciales de ellas, según ha explicado, se basan en su agilidad, para beneficiar a sus destinatarios lo antes posible; en la “eficacia” en los objetivos que persigue, y en la “coherencia” con el fin al que se dirige de minimizar los efectos de la inflación.
Del mismo modo que se dirige a la justicia social, de forma que las medidas lleguen a los más afectados por la subida de los precios, así como a la “lealtad institucional”, a través de la alineación de las acciones con las adoptadas por el Gobierno de España y la Unión Europea.
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