Reclama casi 56.000 euros de indemnización para el Ministerio de Interior por el uso de fondos reservados
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Podemos ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz sea condenado a 41 años de cárcel por la ‘Operación Kitchen’, así como que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, su ex ‘número dos’ Soraya Sáenz de Santamaría y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal testifiquen en el futuro juicio por el presunto dispositivo parapolicial puesto en marcha para espiar y robar al ex tesorero ‘popular’ Luis Bárcenas información comprometedora.
La acusación popular que ejerce la formación ‘morada’ ha presentado este jueves su escrito de conclusiones provisionales instando a la AN a abrir juicio oral contra los 11 procesados por la ‘Kitchen’: Fernández Díaz; su ex secretario de Estado Francisco Martínez; los ex policías José Manuel Villarejo, Eugenio Pino, Marcelino Martín Blas, Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano; y el ex chofer de los Bárcenas, Sergio Ríos.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Podemos interesa condenas de 41 años de cárcel para Fernández Díaz, al que la investigación judicial situó como presunto ‘cerebro’, y Martínez; y de entre 41 y 39 años de prisión para los mandos policiales y ex agentes por delitos de organización criminal y malversación, entre otros. Para Ríos, aboga por 26 años.
Apunta a posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, allanamiento de morada, obstrucción a la justicia, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, malversación, prevaricación, encubrimiento,
Asimismo, el partido político reclama que en el juicio declaren como testigos Rajoy, Sáez de Santamaría, Cospedal, el ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, el ex director de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y el actual consejero madrileño Enrique López, entre otros.
Como prueba anticipada, también insta a requerir a la Unidad de Asuntos Internos para que realice las “oportunas pesquisas” para identificar todos los datos relativos a los cinco números de teléfono aportados por Villarejo, que aseguró que a través de ellos mantenía al ex presidente del Gobierno al tanto de ‘Kitchen’.
Plantea igualmente que se reproduzcan durante el juicio las conversaciones grabadas por Villarejo, incluidos los últimos audios donde Cospedal pedía al comisario “parar” el asunto de “la libretita” de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del ex tesorero estuvieran en poder de periodistas.
“DIRIGENTES DEL PP AÚN NO IDENTIFICADOS”
Podemos acusa a Fernández Díaz, como “máximo responsable político” del Ministerio de Interior, y “con abuso de sus funciones, conocimiento de su ilicitud y connivencia de dirigentes del Partido Popular aún no completamente identificados”, ordenar a finales de 2012 a Martínez el despliegue de “una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas” y comprometer al PP y sus dirigentes en relación con sus famosos ‘papeles’.
Martínez se lo habría encomendado a su vez a Pino, entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, y éste habría acudido a Villarejo, “que en el pasado había desempeñado diversas funciones en operaciones de dudosa legalidad en lo que se viene denominando operaciones vinculadas a las cloacas del Estado, comisario que por otra parte no solo recibía instrucciones del mando policial sino que también coordinaba su actuación con altos dirigentes de la cúpula del Partido Popular”.
“Entre otros cometidos, el desarrollo de la operación consistió en captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando”, que fue Ríos, al que habrían recompensado con 2.000 euros mensuales y su incorporación a la Policía Nacional, apunta la formación ‘morada’.
Según sus cálculos, la ‘Kitchen’ se habría financiado al menos con 55.871,82 euros de los fondos reservados, por lo que pide que el conjunto de los acusados indemnicen directa, conjunta y solidariamente con esa misma cantidad al Ministerio de Interior.
Como resultado, Bárcenas y su familia se habrían visto sometidos a vigilancias, incluso dentro de prisión cuando el ex tesorero fue encarcelado provisionalmente, y hasta se les habrían clonado teléfonos móviles. La ‘Kitchen’ habría tenido éxito por cuanto sus agentes habrían conseguido robar documentación sensible de un local donde la mujer del ex tesorero restauraba muebles, una información que “nunca fue puesta a disposición de autoridad judicial alguna”.
Durante todo este tiempo, Villarejo, “conociendo el potencial de la información que se maneja y que podía afectar a la dirección del PP y la Presidencia del Gobierno, aprovechó la ocasión para acumular información y documentación en su poder, para de ese modo poder obtener algún tipo de beneficio personal, extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables políticos”.
“O bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas privadas que venían desarrollando de forma paralela a su función como policía durante los últimos 20 años al servicio de diferentes gobiernos y empresas privadas, siendo objeto de investigación y enjuiciamiento, en otras piezas de la presente causa algunas de dichas actividades parapoliciales”, subraya Podemos.
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