VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Mónica Oltra a una menor tutelada, ha abierto una pieza separada secreta tras la petición de la acusación popular ejercida por Gobierna-TE, que había pedido la aportación a la causa de los correos electrónicos del servidor de la Generalitat de dos altos cargos en Igualdad en el momento de los hechos.
Así lo acuerda en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, con carácter previo a la resolución sobre las diligencias solicitadas por esta acusación y de las que da traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la procedencia o no de llevarlas a cabo. El secreto parcial de las actuaciones se establece por espacio de un mes.
La acusación popular había pedido la práctica de diligencias para identificar a los miembros del Gabinete de Vicepresidencia en los momentos de la investigación –que afecta a Oltra y otros 14 altos cargos y técnicos en el departamento que dirigía–, así como en cuanto a la participación de sus miembros en los hechos, por medio de la aportación a la causa de las comunicaciones de correos electrónicos del servidor público de la Generalitat en relación, ahora, con el director general de Infraestructuras y Servicios Sociales, Enrique Alcocer, y el entonces secretario autonómico de Igualdad, Alberto Ibáñez.
La petición la realiza al considerar que la declaración como investigada de Oltra “ha abierto la necesidad del esclarecimiento fáctico ante la evidente contradicción argumentativa que ha puesto de manifiesto” con sus manifestaciones como autoridad pública realizadas en les Corts Valencianes. La acusación quiere saber la participación en este caso de las personas mencionadas por Oltra y de aquellos que compartían con ella conocimiento de la situación por estar en su gabinete.
En concreto, la petición de la acusación alcanza tres periodos: enero a diciembre de 2017 –año en el que ocurrieron los abusos–; de octubre a diciembre de 2019 –meses en los que recayó sentencia condenatoria al exmarido– y desde que tuvo lugar el inicio de las diligencias previas hasta la fecha actual.
La acusación urge a la práctica de estas diligencias ya que asegura que tiene conocimiento de que desde la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana se ha acordado, con fecha de 30 de octubre 2022, el borrado de todas las cuentas de correo electrónico y sus contenidos pertenecientes a los dominios de ‘cv.gva.es’ lo que pudiera afectar a la información de la investigación.
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