PALMA, 26 (EUROPA PRESS)
Unidas Podemos ha celebrado este miércoles el “paso atrás” de PP y PSOE en la Comisión de Deportes del Congreso en relación al reparto de los derechos televisivos entre los clubes de fútbol que, de no haberse dado, podría haber supuesto pérdidas de hasta 36 millones de euros para el RCD Mallorca.
Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlament, la portavoz adjunta de la formación en la Cámara autonómica, Esperança Sans, que ha reivindicado la presión de su grupo y de las entidades deportivas para revertir el acuerdo inicial en cuanto al reparto de derechos en la ley del deporte.
Según Sans, la portavoz de UP en la Comisión, Antònia Jover, fue la primera en alertar del peligro de los acuerdos. Según dijo Jover en un mensaje en redes sociales, “la sombra de Florentino planea sobre el bipartidismo y el deporte”.
En todo caso, para Sans la ley sigue siendo mejorable y en relación al reparto de derechos de televisión, a su juicio, podría acercarse más a un modelo de reparto de derechos televisivos similar a la Premier League, donde las diferencias entre los clubes son mucho más pequeñas.
Sans ha advertido que con el acuerdo inicial 39 de 42 clubes profesionales de primera y segunda división, entre ellos el RCD Mallorca y el UD Ibiza, hubieran afrontado pérdidas millonarias y se hubiera puesto en peligro su viabilidad económica.
Por otra parte, Esperança Sans ha criticado duramente las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en su reciente visita a Mallorca en las que reclamaba que no se subieran los suelos al nivel del IPC.
“Igual Garamendi debería atender a los datos, que nos explican que las grandes empresas españolas han vistos incrementados sus beneficios en un 85% el primer semestre de 2022, mientras que las empresas medianas lo hicieron en un 22%”, ha apuntado.
Sans ha lamentado que Garamendi “no se haya quejado” cuando los ERTE han ahorrado a las empresas 15.000 millones de euros gracias a la protección del Estado.
“Lo que no puede ser es que cuando vienen mal dadas sea el Estado quien deba proteger a la gente y que cuando los beneficios de las empresas se multiplican no colaboren en sus responsabilidades como actores sociales y económicos”, ha concluido.
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