ALMERÍA, 26 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha impuesto cuatro años y seis meses de prisión para dos hombres que fueron sorprendidos por agentes de la Guardia Civil cuando transportaban más de 1,2 toneladas de hachís en una embarcación de recreo frente a las costas de Mojácar (Almería).
El fallo de apelación estima parcialmente el recurso de la defensa a la hora de individualizar las penas, de modo que opta por rebajar en tres meses la pena privativa de libertad establecida originalmente toda vez que limita la responsabilidad personal por impago de dos multas de 20 y 12 millones de euros a 179 días conjuntamente.
El alto tribunal andaluz da por probado que sobre las 0,30 horas del 18 de septiembre de 2020 los acusados iban a bordo de una embarcación a la altura de la playa de Mojácar cuando fue advertida por el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), por lo que se dio aviso a la patrullera ‘Río Jiloca’ de la Guardia Civil.
La navegación “a gran velocidad y realizando maniobras evasivas” de los acusados levantó las sospechas de los agentes, quienes interceptaron la embarcación a una media milla náutica de la costa mojaquera. Fue entonces cuando encontraron 43 fardos de unos 30 kilos cada uno a bordo del barco.
En total, los agentes se incautaron de 1.240,94 kilos de resina de cannabis que habría alcanzando un valor en el mercado de 11.160.849,6 euros. Como consecuencia de las condiciones de la mar y la gran cantidad de agua embalsada, la embarcación se hundió cuando estaba siendo remolcada.
NO ERAN DOS “MANDAOS ENGANCHANDOS”
La Sala rechaza aplicar la atenuante de drogadicción a los acusados al considerar que su actuación es incompatible con los hechos que protagonizaron, por lo que rechazan la tesis de la defensa de que se trataba de dos “mandaos enganchados” a los que “los verdaderos narcotraficantes pusieran en primera línea de fuego para que fueran ellos quienes corrieran el riesgo y eludir su propia responsabilidad”.
“No es creíble que quien ha invertido mucho esfuerzo y dinero en adquirir la droga –valorada en más de once millones de euros– la deje en manos de personas que no estén en plenitud de facultades, con el riesgo que ello implicaría de que se frustrara el negocio”, abunda el tribunal.
Con ello, apuntan que no quedó acreditada su dependencia en el momento de los hechos, así como por el papel que desempeñaron. “No nos encontramos ante pequeños traficantes necesitados de vender drogas para costearse su propio consumo, y aunque no fueran los dueños de la droga, como ambos afirman, sino meros transportistas, presumiblemente el beneficio que obtendrían sería considerable”, han incidido.
La conducta que llevaron a cabo los acusados “no es compatible con que sufrieran una afectación relevante de sus facultades” pues de ser así “no habrían podido planificar un alijo en alta mar, patronear la nave en horas nocturnas y huir de la patrullera que detectó su presencia, llevando a cabo durante bastante tiempo maniobras evasivas”.
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