MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
el 44% de los directivos del gran consumo son optimistas de cara a sus previsiones de cierre de año, a pesar del contexto actual. Sin embargo, un 34% espera empeorar resultados respecto a 2021 y un 13% prevé un final de 2022 plano.
Así se desprende de ‘La Voz del Gran Consumo’, una encuesta realizada por la patronal del gran consumo Aecoc entre los más de 1.000 empresarios reunidos en el ‘37º Congreso de Gran Consumo’, celebrado en Santiago de Compostela.
A pesar de las dificultades, el 41% tienen previsto mantener sus planes de inversiones para 2023, y un 34% las condiciona a la evolución del escenario.
Además, más del 70% de los directivos creen que el incremento de costes de las materias primas, la energía y los diferentes insumos de los productos del gran consumo seguirá siendo el factor que más impactará en la cuenta de resultados de las empresas en 2023.
La encuesta también refleja la preocupación de las compañías sobre la evolución del consumo. Así, el 44% de los directivos indica que les preocupa los cambios que se puedan producir en el consumo por la caída en la renta disponible de los hogares, mientras que el 26% teme la pérdida de poder adquisitivo de la clase media que está generando la inflación.
En relación con las medidas adoptadas por las empresas para combatir el efecto de la inflación, el 40% de los directivos afirma que, como medida principal, ha intensificado sus planes de eficiencia interna y ahorro, por un 37% que está absorbiendo parte de los costes extras y reduciendo sus márgenes, y un 18% que está adecuando su catálogo de productos, marcas y precios a las necesidades del consumidor.
La encuesta también refleja que los directivos del gran consumo reclaman a las administraciones medidas para minimizar el impacto de la inflación sobre el consumo. En este sentido, en la clausura del congreso, el presidente de Aecoc, Ignacio González, insistió en la necesidad de que el Gobierno aplique medidas como la reducción temporal del IVA de los alimentos, la deflactación del IRPF, el aplazamiento de medidas legislativas que generan sobrecostes y el incremento de las ayudas para contener los precios de la energía y el transporte.
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