MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Ángel Rodríguez Castedo, reclamó durante la jornada ‘El reto de la longevidad hoy’ de UDP, que “el cambio demográfico, en cuyo centro está el envejecimiento de la población, hay que colocarlo, como se hace con el cambio climático, en el centro de todas las agendas nacionales e internacionales, haciendo de ello un nuevo campo de desarrollo con gran creación de empleo y calidad de vida”.
Dijo que la creciente longevidad de la sociedad “es un fenómeno que no puede pasar desapercibido por las políticas públicas, y hay que abordarlo cuanto antes”, al tiempo que ofreció su colaboración con las administraciones públicas para que estas políticas se desarrollen con el foco del reto demográfico “y, así, mejorarlas”.
Para Rodríguez Castedo, el envejecimiento es “uno de los grandes logros de la humanidad y constituye un triunfo del desarrollo”, por lo que, en su opinión, “no puede verse como un problema, sino como lo expresión de un logro humano al que la sociedad necesita adaptarse y dar respuestas y, por tanto, escuchar las necesidades de las personas mayores siempre”.
Ante el incremento del envejecimiento (según el INE, en 2050, en España el 31,4% de la población tendrá más de 65 años), el presidente de la PMP afirmó que “constituye una de las transformaciones sociales más importantes”. En este sentido, apuntó que se trata de una población que atesora patrimonio y otros recursos acumulados a lo largo de su vida laboral, que les convierte en un grupo “económicamente diferenciado y proactivo”, del que se benefician diversos sectores económicos, al tiempo que resaltó su actitud “cada vez más activa”.
Por otra parte, el secretario general de la PMP, Miguel Ángel Cabra de Luna, afirmó durante su intervención en la jornada que la garantía de los derechos de las personas mayores pasa por la necesidad de avanzar a nivel legislativo para evitar retrocesos; por la necesidad de que se imponga un cuadro de infracciones y sanciones para que las personas mayores puedan ejercer sus derechos y garantizar su cumplimiento, y por contar con las instituciones jurídicas para la defensa de sus derechos.
También por crear alianzas con operadores públicos, y, por último, por exigir el compromiso firme de las Administraciones Públicas en el avance legislativo para evitar las barreras jurídicas y fácticas con las que se encuentran las personas mayores y que impiden la garantía de sus derechos.
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