MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes un decreto por el que introduce ajustes técnicos para agilizar los programas de ayudas a la vivienda que gestionan las comunidades autónomas y un paquete de medidas dotado con 510 millones de euros para eficiencia energética en carreteras entre 2022 y 2028.
Así lo detalló la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En materia de vivienda, Sánchez señaló que son ajustes muy técnicos que facilitan la gestión de las ayudas contenidas en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y que son aplicables también a planes anteriores de vivienda. “Permiten que los programas de rehabilitación y regeneración urbana dentro del plan de recuperación se puedan gestionar mejor y podamos agilizar esos programas de ayudas y, en definitiva, la tramitación”, expuso la ministra.
También se facilita la contribución de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb) al incremento del parque público de vivienda. Se regula la transferencia a las comunidades autónomas de los diez millones consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, y que se destinarán a la compra de viviendas propiedad de la Sareb para destinarlas a alquiler asequible. El importe de esta ayuda pasa de cubrir el 60% del precio de la vivienda al 100%.
Raquel Sánchez repasó que se ha creado el bono joven para el alquiler, 25.000 viviendas del plan de alquiler asequible ya están habitadas, y la gratuidad del transporte público lleva ya registrados 1,8 millones de abonos gratuitos.
AHORRO ENERGÉTICO EN CARRETERAS
Por otra parte, la titular de Transportes dio detalles sobre el paquete para mejorar la eficiencia energética en carreteras aprobado hoy y dotado con 510 millones de euros para un periodo que abarca de 2022 a 2028. El Gobierno estima que se crearán más de 7.500 empleos y el ahorro energético equivaldrá al consumo anual de más de 65.000 hogares.
Sánchez afirmó que permitirá reducir a la mitad el consumo energético en las carreteras con medidas como el cambio de iluminación de la red para incorporar la tecnología LED de ahorro, el ajuste de la iluminación en función del número de vehículos que circulen, pruebas piloto de instalación de placas solares en centros de conservación y también de huertos solares para autoabastecer lumínicamente los túneles como el instalado sobre el falso túnel que existe en la MU-30 en Alcantarilla (Murcia).
La sustitución de las luminarias generará ahorros de entre el 30% y el 40%, pudiendo alcanzar el 70% si se suma el despliegue de sistemas de gestión inteligente de la iluminación, que permiten regularla en función de la presencia o no de vehículos y usuarios.
También se apuesta por racionalizar la potencia eléctrica contratada, para reducir hasta un 10% el consumo, la instalación de puntos de recarga eléctricos y la transformación sostenible de la flota que presta servicio en las carreteras, potenciando la adquisición o alquiler de vehículos ‘Cero emisiones’ o ‘Eco’, para generar ahorros de entre 15% y 20% de consumo.
“No va a haber tramos oscuros ni tramos peor iluminados”, aclaró la titular de Transportes, para destacar que “a la par que disminuimos nuestra factura energética, hacemos nuestras carreteras mucho más modernas, digitales e innovadoras”.
En una nota de prensa, el departamento que dirige Sánchez aclaró que no cambian los criterios que, por seguridad vial, deben ser iluminados. En carreteras convencionales, no se iluminarán en general, aunque podrá justificarse la luz en caso de que el tramo sea de concentración de accidentes y en los dos últimos años más del 50% de los accidentes se hayan producido en periodo nocturno.
En este Consejo de Ministros también se aprobaron subvenciones para la modernización de las pymes dedicadas al transporte de mercancías. Se trata de 110 millones de euros a los que podrán acceder unas 17.000 pymes y las ayudas podrán llegar a 25.000 euros por empresa. Son ayudas para mejorar la flota de los vehículos o facilitar la gestión documental.
Se transferirán a las comunidades autónomas antes de que finalice el año, para que sean éstas las que las gestionen. Se estima que estas ayudas aportarán unos 260 millones al PIB y generarán más de 3.600 empleos.
Se enmarcan en el acuerdo con el sector que se alcanzó en diciembre del año pasado y que desbloqueó los paros.
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