MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, y Murcia, además de Ceuta y Melilla, no tienen aún jornada laboral de 35 horas para los profesionales de la sanidad pública, según ha denunciado el Sindicato de Enfermeria (SATSE).
A través de un comunicado, la organización sindical ha reclamado a los gobiernos y partidos políticos de las comunidades autónomas en las que aún no se ha recuperado la jornada de 35 horas que “acaben con esta realidad laboral que discrimina y perjudica gravemente a enfermeros y fisioterapeutas de sus respectivos servicios de salud”.
Esta situación se produce en esas ocho comunidades autónomas a pesar de que han transcurrido ya más de cuatro años desde que el Gobierno permitiese a las comunidades autónomas recuperar este derecho laboral. El aumento de la jornada laboral en 2012 hasta las 37,5 horas a la semana fue una de las medidas aprobadas en lo peor de la última crisis económica.
El Sindicato de Enfermería, que se ha dirigido por carta a los consejeros de Sanidad, gerentes de servicios de salud y responsables de partidos políticos, ha lamentado que enfermeros y fisioterapeutas de estas comunidades autónomas “no pueden disfrutar de este derecho laboral aunque tienen las mismas responsabilidades profesionales, competencias, funciones y formación universitaria que sus compañeros del resto de Estado”.
“La recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales, no solo supone un claro beneficio para los trabajadores, sino que conlleva la generación de empleo y mejora la disponibilidad de los profesionales para atender a los pacientes, lo que siempre redunda en unos cuidados y atención sanitaria más segura y de mayor calidad. No olvidemos que también vieron congelado su reconocimiento retributivo y se suprimieron pagas o días de descanso, entre otros derechos plenamente consolidados”, han resaltado desde la organización sindical.
El Sindicato de Enfermeria ha recalcado que apostar por la recuperación de este derecho laboral es “una cuestión de voluntad política por priorizar, dentro de la gestión del gasto público, a la sanidad y sus profesionales, algo que no han hecho, hasta la fecha, los responsables públicos y políticos de las ocho comunidades autónomas mencionadas”.
“Antes, ahora y en un futuro se puede argumentar que el contexto económico no es el adecuado pero hay que tener claro que la administración siempre encuentra recursos cuando le interesa priorizar un determinado compromiso público o político, como podemos observar con frecuencia de manera pública teniendo en cuenta, además, la proximidad de las elecciones municipales, autonómicas y generales”, han remachado.
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