BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Barcelona ha comprado los primeros pisos procedentes de la normativa urbanística que obliga a destinar el 30% de les nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a la vivienda protegida.
Esta adquisición, que se efectúa a través del derecho de compra preferente de la administración, tiene un coste total de 2,2 millones de euros e incluye ocho pisos de entre 71 y 89 metros útiles, ocho plazas de aparcamiento y un trastero, informa el Consistorio en un comunicado este sábado.
Se prevé que los pisos estén disponibles a partir de 2024, cuando pasarán a formar parte del parque de alquiler público de Barcelona, con esta adquisición el Ayuntamiento llega a los 1.361 pisos comprados desde 2015, con una inversión de 152,56 millones de euros.
El edificio donde se ubican estos pisos tiene un total de 27 viviendas y está situado en el número 29-35 de la calle Puerto Príncipe, en el distrito de Sant Andreu, en el barrio de Congrés i els Indians, y está en proceso de rehabilitación.
JANET SANZ
Para la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, esta compra significa “un paso más en la garantía del derecho a la vivienda y en la lucha contra la gentrificación”.
Ha explicado que desde que entró en vigor la medida en 2018, se han reservado 120 viviendas con precios asequibles en la ciudad, y ha recalcado que “la corresponsabilidad pública y privada es absolutamente indispensable en el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda”.
Y se ha dirigido a los promotores urbanísticos de la ciudad: “Que se corresponsabilicen, que se comprometan a cumplir no solo con el 30% sino que también elijan si quieren estar del lado de la especulación o del lado de la garantía de los derechos”.
LUCÍA MARTIN
Por su parte, la concejal de Vivienda de Barcelona, Lucia Martin, ha celebrado que esta compra ha permitido tener vivienda pública en el barrio de Congrés i els Indians, “el único de la ciudad donde no había”, y ha apuntado que cada piso se ha adquirido por unos 200.000 euros.
Ha recalcado que la normativa “permite hacer crecer el parque público de la ciudad y hacerlo en zonas donde no hay solares municipales para edificar”.
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