SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
La Mesa del Parlamento de Andalucía ha acordado remitir al Consejo de Gobierno andaluz la proposición de ley registrada por el grupo Vox para la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, con el fin de que “muestre su criterio respecto a la toma en consideración” de la misma, así como su “conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”.
En concreto, la Mesa acordó remitir esta iniciativa al Gobierno andaluz del PP-A para la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, en la sesión que celebró el pasado día 11 de octubre, según se recoge en un acuerdo publicado esta semana en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) y consultado por Europa Press.
De acuerdo a lo recogido en el artículo 124 del Reglamento del Parlamento andaluz, ante la presentación de una proposición de ley, la Mesa de la Cámara debe ordenar su publicación y remitirla al Consejo de Gobierno “para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”.
“Transcurridos quince días sin que el Consejo de Gobierno hubiera negado expresa y motivadamente su conformidad a la tramitación, la proposición de ley quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración”, señala también el artículo 124 del Reglamento.
El grupo parlamentario Vox registró el pasado 6 de octubre esta proposición de ley que en la pasada legislatura impulsaron también los grupos del PP-A y de Ciudadanos (Cs) –los dos partidos que sustentaban entonces el Gobierno andaluz–, pero cuya tramitación decayó con la convocatoria anticipada de las elecciones que se acabaron celebrando el pasado 19 de junio.
VOX DEFIENDE QUE LA INICIATIVA “NO TOCA AGUA”
En una atención a medios al acudir a registrar esta proposición de ley, el parlamentario de Vox por Huelva Rafael Segovia defendió que esta iniciativa “no toca agua, y quien diga que se va a esquilar Doñana, o no se ha leído la ley y no sabe lo que está diciendo, o, mucho peor, lo dice con mala intención”.
En esa línea, subrayó que esta proposición de ley presentada por Vox “solo se refiere y afecta a la ordenación territorial de la zona del Condado, ni afecta a obras hidráulicas, ni afecta a los pozos, y tampoco va a facilitar que ningún agricultor coja agua de un pozo ilegal”, pues, según abundó el diputado de Vox, “la concesión de la calificación de suelo agrícola regable no conlleva implícita la concesión de agua”. “Esto último corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”, remachó Rafael Segovia.
Aunque el Grupo Popular presentó en la pasada legislatura conjuntamente con Vox una proposición de ley como la que ahora ha retomado este último grupo, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), señaló a principios de este mes, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Gobierno, que “los ultimátums en política suelen ser malos compañeros de viaje y nunca son herramientas útiles si lo que se busca al final y de manera sincera es solucionar un problema”.
Fernández-Pacheco se pronunció así después de que el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, aseverase que su grupo iba a registrar de nuevo esta iniciativa “solos o con el PP”, ante lo que el consejero de Medio Ambiente replicó que “las prisas, la precipitación en temas tan sensibles, nunca son herramientas útiles si lo que se busca al final y de manera sincera es solucionar un problema”.
El consejero portavoz defendió además que, respecto a Doñana, la postura del actual Gobierno andaluz “es clara”, y en la Junta están “a favor de aportar seguridad jurídica y solucionar los problemas que agricultores de la provincia de Huelva y de la Corona Norte de Doñana puedan tener”, pero “siempre” sin sobrepasar “una línea roja innegociable” para el Gobierno andaluz, que es “salvaguardar siempre los valores ecológicos que propiciaron la conservación del Parque Nacional de Doñana, una de las joyas del patrimonio verde, natural, de todos los andaluces”, según aseveró.
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