MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Un juez salvadoreño ha retirado los cargos de homicidio agravado contra una joven acusada de abortar al haber dado a luz a un bebé que falleció poco después del parto y que podría haberse enfrentado a una pena de hasta 30 años de prisión en caso de haber sido hallada culpable.
La Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto ha aplaudido la decisión de la Justicia y ha señalado que la mujer, a la que ha identificado como Katia (nombre ficticio), tenía tan solo 22 años cuando dio a luz en el baño de su casa a un bebé que falleció horas después.
Sus familiares la habían trasladado rápidamente junto al bebé a un hospital cercano para garantizar que ambos recibían tratamiento médico, ha señalado en un comunicado la organización, que ha explicado que fue el equipo de enfermería del centro médico el que la denunció ante la Policía.
Katia fue entonces detenida a la espera de que se celebrara el juicio en su contra. La decisión de la Fiscalía de retirar los cargos ha sido bien acogida por las activistas. “Una vez más, hemos tenido éxito a la hora de enfrentarnos a la criminalización de estas mujeres sin pruebas suficientes”, ha aseverado Morena Herrera, que se encuentra al frente del consejo de administración de la agrupación.
Así, ha lamentado la restrictiva ley sobre el aborto existente en El Salvador y ha acusado a la Fiscalía de “perseguir” a la joven a pesar de la falta de pruebas en su contra.
“Nos sentimos satisfechas porque hemos logrado que otra mujer recupere su libertad. Una vez más hemos logrado enfrentar y revertir los afanes criminalizadores, que sin fundamento y pruebas que demuestren la comisión de un delito, persiguen, acusan y buscan condenar a mujeres que han sufrido una emergencia obstétrica”, ha señalado la organización en un comunicado.
En este sentido, ha afirmado que el Gobierno “debe comprender que es su responsabilidad garantizar el derecho a la salud y protección judicial asegurando le derecho a la presunción de inocencia de las personas”. “Deben comprender que las emergencias obstétricas son problemas de salud y no delitos, que deben ser atendidos y tratados por regulaciones de salud y no penales”, ha añadido.
La organización ha recalcado que con esta ya son más de 65 las mujeres que han logrado “recuperar su libertad” a pesar de haber sido “criminalizadas” y procesadas tras “sufrir este tipo de emergencias o partos extrahospitalarios” en El Salvador.
“Pedimos al Estado cesar la persecución sistemática y criminalización contra las mujeres que se enfrentan a estas situaciones”, ha sostenido.
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