MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía provincial de Madrid solicita seis años de prisión para Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘pequeño Nicolás’, a quien imputa los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y estafa.
El representante del Ministerio Público le acusa de haberse hecho pasar por un miembro de la vicepresidencia del Gobierno para estafar a una tercera persona en la venta de una finca situada en Toledo llamada La Alamedilla.
Según la Fiscalía, a principios del mes de octubre de 2014 el acusado entró en contacto con el empresario Javier Martínez de la Hidalga que, en su condición de administrador de la mercantil Hacienda La Alamedilla S.L., estaba interesado en vender una finca llamada La Alamedilla, situada en la provincia de Toledo.
Gómez Iglesias, que no es funcionario público ni tiene cargo ni función en ningún organismo público, se hizo pasar por miembro del equipo de trabajo de la vicepresidenta del Gobierno de España y agente del CNI, de tal forma que mantuvo varias reuniones con el empresario durante las cuales le persuadió del interés del Gobierno en ayudarle a vender la finca a algún comprador extranjero. Incluso le llegó a mencionar como posible comprador a una autoridad de Guinea Ecuatorial. Por ello, le pidió 300.000 euros en concepto de intermediación en la venta.
Al mismo tiempo, el acusado tuvo conocimiento de que en la delegación de la Agencia Tributaria de Málaga se había dictado una propuesta de liquidación de 5.050.916,38 euros contra Martínez de la Hidalga y la sociedad Petraxarquia. A raíz de tener esta información la Fiscalía sostiene que el acusado, “con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico”, se aprovechó de esta situación e ideó un plan para apoderarse de los activos financieros del empresario en apuros y de su esposa, que ascendían a más de 500.000 euros.
Haciendo creer a la persona que pretendía estafar que actuaba en nombre del Gobierno, el acusado contrató el alquiler de vehículos de alta gama de color negro y con conductor, se hizo con una lanza destellos tipo policial para colocarlo en los citados vehículos y elaboró varios documentos oficiales “mendaces” de Presidencia del Gobierno de España, Casa Real, CNI, etc. En estos documentos utilizó los escudos de España y de la Casa Real de S.M. el Rey, y otros logotipos y anagramas propios de los documentos oficiales, todos ellos obtenidos de documentos que encontró en Internet.
Asimismo, publicó en su perfil de Facebook varias fotografías en las que aparecía con personalidades de la política y el mundo empresarial: en la recepción del Rey el día de la coronación, con el expresidente del Gobierno José María Aznar en la Fundación FAES, con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y otras fotografías en las que se ve al acusado participando en reuniones y actos con importantes empresarios.
Más tarde, el acusado expuso a Martínez que la Agencia Tributaria ya había decretado el embargo contra sus cuentas y las de su familia, “hecho incierto”, y que debía colaborar en una supuesta investigación del Gobierno relativa a la actuación ilícita de un funcionario de Hacienda y de esa forma evitaría que el embargo se produjera.
Finalmente, tras varias visitas a una entidad bancaria, el director de la sucursal, “ante la sospecha de que todo fuera una estafa”, trató de retrasar la operación por lo que les comentó, al acusado y al empresario, que no sería hasta pasados unos días cuando procederían a la apertura de la nueva cuenta y la transferencia del dinero.
Acto seguido, en previsión del embargo, Martínez de la Hidalga procedió a retirar 25.000 euros mediante un cheque firmado por su esposa. La cajera de la sucursal le entregó dos sobres blancos con 15.000 y 10.000 euros, respectivamente. Inmediatamente ambos abandonaron la sucursal y se subieron al vehículo donde el acusado le pidió los sobres con la excusa de guardar el dinero en un lugar seguro, “a lo que éste accedió con la intención de que se los guardara y se los devolviera posteriormente”.
El día 13 de octubre de 2014, el empresario tuvo dudas de la operación por lo que pidió al acusado que le devolviera su dinero. Éste le devolvió en un sobre con el escudo de España y logotipo “Gobierno de España. Ministerio de la Presidencia”, que había elaborado previamente, con 10.000 euros y le mostró otro idéntico en el que, según le dijo, contenía 15.000 euros “y que no se lo devolvía todavía”
En el momento de la detención al acusado le fueron ocupados un dossier de 49 hojas con membrete de Presidencia del Gobierno titulado “Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia. Comité para la planificación del Plan E-GG” y un dossier encuadernado de 44 hojas con membrete de Presidencia del Gobierno titulado “Informe planificación 31 de julio-Informe Casa Real-Dirección General de Patrimonio del Estado-Informe del Ministerio del interior y Ministerio de Industria, Energía y Turismo”, ambos documentos mendaces elaborados por el acusado.
En el registro domiciliario realizado en la vivienda donde reside se ocuparon, entre otros muchos efectos y documentos, un rotativo policial de color azul, una placa emblema de la Policía Municipal de Madrid y una placa emblema de la Guardia Civil. Por su parte, el empresario estafado manifiesta haber recuperado los 25.000 euros al habérselos devuelto el acusado. El juicio tendrá lugar el próximo martes, día 25, en la Audiencia Provincial de Madrid.
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