MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado en el mes de septiembre cuatro acuerdos con Baleares, Comunidad de Madrid, País Vasco y Extremadura para evitar interponer recursos de inconstitucionalidad contra ciertos preceptos de sus Presupuestos en los que existían conflictos competenciales.
Estos pactos con las comunidades autónomas se han logrado en el seno de las comisiones bilaterales de cooperación, a través del artículo 33.2 de la ley del Tribunal Constitucional, que es el instrumento jurídico habilitado para la colaboración con los Ejecutivos autonómicos.
En concreto, sobre la ley de presupuestos de Baleares, se han mostrado discrepancias con la disposición final decimosegunda, por lo que se adiciona una disposición adicional séptima en la Ley de residuos y suelos contaminados sobre la ejecución de una prueba piloto del Sistema de depósito, devolución y retorno en Formentera.
Así, ambas partes han acordado que el Govern balear asuma el compromiso de que la prueba piloto se llevará a cabo en los términos establecidos en la ley de residuos y el decreto de envases y residuos de envases que en breve aprobará el Consejo de Ministros.
Asimismo, han pactado que el Ejecutivo autonómico asuma el compromiso de iniciar la ejecución de la prueba piloto antes de que se apruebe este decreto, que el Gobierno central espera dar luz verde antes del 31 de diciembre de este año.
Por otro lado, en los Presupuestos de Madrid, la controversia estaba en relación con el artículo 61 –especialidades en la tramitación de los procedimientos–, apartado segundo. En este sentido, han acordado que el Ejecutivo madrileño asuma el compromiso de interpretar y aplicar el citado precepto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 –tramitación de urgencia– del decreto de medidas urgentes para la modernización de la administración y la ejecución del Plan de Recuperación.
A este mismo acuerdo se ha llegado también con el País Vasco, aunque, en su ley de presupuestos, las especialidades en la tramitación de los procedimientos se encuentra en el artículo 32. No obstante, el Ejecutivo Vasco asume el mismo compromiso que en el caso de Madrid.
Eso sí, en relación con la disposición adicional quinta –modificación de los contratos del sector público–, ambas partes se han mostrado conformes en que la interpretación y aplicación del precepto proceda de conformidad con la redacción de los artículos 203 y 204 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Sobre los Presupuestos de Extremadura, ambas partes consideran solventadas las controversias competenciales respecto a las medidas aplicables a los casos de alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales en los contratos de obra pública de manera que, en relación con la disposición adicional decimoquinta, ambas partes han acordado que el Gobierno extremeño se comprometa a promover la correspondiente modificación legislativa.
CON OTRAS COMUNIDADES
Pero no solo el Ministerio de Política Territorial ha alcanzado estos acuerdos en materia de Presupuestos, también en el mes de septiembre ha logrado otros cinco pactos en otras materias para evitar recursos ante el Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, en la ley cántabra de medidas fiscales y administrativas, en la que ambas partes han acordado que la aplicación se debe hacer en base a la normativa básica estatal.
También con Cataluña se ha alcanzado un acuerdo sobre su ley de medidas fiscales, financieras y administrativas, que tienen que ver con la interpretación del precepto que habla de depósitos de garantía de operaciones crediticias.
Otro de los pactos ha sido con el País Vasco en su ley de administración ambiental del 9 de diciembre de 2021, que afectan a varios preceptos que finalmente han sido solventados, al igual que ocurre con el decreto de Andalucía por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica.
Por último, el Gobierno central y la Comunidad Valenciana han llegado a un acuerdo sobre varios preceptos de la Ley de medidas fiscales de gestión administrativa y financiera y de organización.
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