GRANADA, 20 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a un año y medio de prisión y de inhabilitación para ejercer la profesión de abogada a una letrada acusada de apropiación indebida después de que se quedara con el dinero que le fue transferido tras ganar un pleito a pesar de que pertenecía al cliente al que representó.
En la sentencia, contra la que cabe recurso y a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA desestima el recurso que la abogada presentó contra la sentencia de la Audiencia de Granada que la condena inicialmente y confirma esta resolución, por la que también deberá indemnizar en 7.173 euros a su cliente.
En la causa se considera probado que esta persona contrató los servicios de la letrada en 2017 para que le defendiera en un juicio civil que se iba a celebrar en un Juzgado de Loja sobre unas fincas de las que era arrendatario.
Tras designar la abogada un procurador para este procedimiento, éste solicitó al cliente en concepto de provisión de fondos 2.350 euros, de los que 2.000 serían para la letrada y el resto para el procurador. Apenas dos semanas antes de la fecha señalada para la vista del juicio, el procurador solicitó al cliente como ampliación de aquella provisión otros 2.200 euros, de los que 2.000 eran para la acusada y 200 para él.
Tanto en uno como en otro caso, las cantidades recibidas en la cuenta del procurador y destinadas a la abogada como parte de sus honorarios profesionales fueron transferidas a la cuenta bancaria de ella, un total de 4.000 euros. Ello a pasar de que cliente y abogada nunca firmaron un presupuesto o una hoja de encargo.
El juzgado de Loja encargado de la causa dictó sentencia favorable al cliente al que representó esta abogada y condenaba a la parte contraria a abonar las costas del procedimiento por un importe de 6.527 euros correspondientes a los honorarios de la dirección letrada, cantidad a la que hubo de sumarse la de 645 euros por otras costas derivadas del procedimiento.
La abogada recibió 7.173 euros del juzgado por las costas procesales, las cuales pertenecían al cliente, cantidad que pese a los diversos requerimientos que éste le hizo nunca le entregó.
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