BNG lamenta el no mientras dan “un pelotazo fiscal” patrimonial y PSdeG la “triste coincidencia” de que cuesta 34 millones como esta deducción
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha defendido de nuevo el gasto social que se incluye en los presupuestos de la Xunta para el próximo año, que está cifrado en 9.368 euros –de los cuales 1.164 millones directamente a políticas fiscales–, y ha remarcado que las medidas que incluyen las cuentas de 2023 son “consistentes y funcionan” y, por ejemplo, recoge un incremento de la Risga –vinculada al iprem– de un 8%.
Sin embargo, los grupos de la oposición –BNG y PSdeG– han vuelto a reclamar al Gobierno gallego que recupere esta medida que se activó en el primer momento de la pandemia. Frente a ello, ya en días pasados, el conselleiro de Facenda argumentó que esta media se ve superada “con mucho” por las partidas sociales para emergencia social, una defensa que también ha hecho suya el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy.
Así las cosas, Corgos ha remarcado que las medidas que se incorporan a los presupuestos “se adaptan” a los incrementos de precios y que el conjunto de los recursos que se van a dedicar a la población en riesgo de exclusión social “supera con mucho a lo dedicado” a la Tarxeta Básica.
“Para eso se sube la Risga –renta de inclusión social–“, ha manifestado, al respecto de lo que ha dicho que tiene como objetivo que cada persona que recibe esta renta puede “emplearla en lo que más lo necesite”, sin predeterminar que sea para alimentos o productos básicos.
“USA OTROS INSTRUMENTOS”
Pedro Puy ha secundado que las razones de no mantener o recuperar esta tarjeta, como ha explicado el Gobierno autonómico, se basan en que la Xunta “usa otros instrumentos”, con “independencia del éxito” de la Tarxeta Básica. “Conviene estudiar con cuidado el conjunto de medias sociales, el total de gasto es superior”, ha manifestado Puy en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces.
Así, Puy ha aceptado que se pueda “debatir” sobre las medidas, pero ha rechazado que haya un “recorte” como, dijo, “intenta decir” la oposición. Así, ha enfatizado que “hay más gasto social que nunca y el componente social está garantizado” en los presupuestos.
RECLAMACIONES DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denostado las cuentas presentadas que, dijo, adolecen de la “sensibilidad” para recuperar la tarjeta básica para las familias con pocos recursos, para que puedan pagar medicinas o alimentos, en un “mismo día en que recogen un pelotazo fiscal que beneficia a las rentas más altas” con “nada más y nada menos que un regalo de 34 millones de euros”, en referencia a la bonificación del impuesto de patrimonio que pasa del 25 al 50 por ciento (de los 17 millones del periodo anterior a los 34 para 2023).
Pontón ha señalado que “son las propias entidades las que reclaman que se restituya la tarjeta básica”, por lo que “no es concebible que el PP insista en suprimir una medida que todo el mundo reconoce que es buena”. “El mismo día en que el PP dice que no, pone en marcha un pelotazo fiscal”, ha aseverado, antes de concluir que es “un de cómo gobierna el PP para una minoría mientras deja a los que peor lo están pasando” de lado. “Una sinrazón lo que está haciendo”, ha enfatizado.
En esta misma línea, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha manifestado que no se trata de una valoración política, sino que las propias entidades –como EAPN-Rede Galega contra a pobreza– las que están demandando recuperar esta medida, porque “contribuyó de forma decisiva a la reducción de la pobreza”.
Así, Álvarez ha reclamado esta figura o una similar porque “ahí fuera, fuera de los despachos de San Caetano y de los coches oficiales, hay mucha gente que necesita adquirir productos básicos y, por lo tanto, sigue necesitando del apoyo de la Xunta”, ha manifestado, antes de concluir que “podría prestarse este apoyo con los presupuestos que tienen”.
Es más, ha señalado la “triste coincidencia” de que el coste de la Tarxeta Básica fue de en torno 34 millones, “la misma cantidad que va a dejar de recaudar como consecuencia de la rebaja impositiva” del patrimonio. Así, se ha preguntado “qué parte de la sociedad le pidió que adoptase esta medida”.
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