El texto se ha consensuado con el sector y responde a una petición histórica
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)
El Govern d’Andorra ha aprobado este miércoles en la reunión del consejo de ministros el proyecto de ley de auditoría de cuentas, un texto consensuado que, según el ministro de Finanzas y Portavoz, Eric Jover, responde a una petición histórica del sector, con quién se ha trabajado “codo con codo”.
Jover ha explicado que el proyecto valora la importancia que ya tienen las auditorías en la economía andorrana, que actualmente solo están reguladas en relación con las instituciones financieras, como bancos o aseguradoras, pero que a partir de ahora serán una actividad y una profesión regulada bajo los principios fundamentales derigor, transparencia e independencia.
El texto, expone el Ejecutivo en un comunicado, determina cuestiones como el funcionamiento del contrato de una auditoría de cuentas, las garantías a seguir para asegurar su independencia, así como las vías de acceso a la profesión, además de incluir el mandato de impulsar un registro de auditores, gestionado por la Administración general, así como un régimen sancionador.
El ministro ha detallado que el proyecto de ley se divide en seis capítulos, según los parámetros marcados en los países vecinos y especialmente a la directiva 2006/43 de la Unión Europea vinculada a las auditorías contables.
Así, se establece que el sector estará supervisado y por ese motivo se creará una dirección especifica dentro del ministerio de Finanzas, además, se formará un consejo con miembros del Gobierno, la Autoridad Financiera Andorrana (AFA), de intervención general o del Tribunal de Cuentas y representantes del sector.
Para cubrir los gastos que suponga la supervisión, se crearan distintas tasas, algunas de las cuales se cobraran por la inscripción y el mantenimiento del registro, mientras que también se percibirá un 1% de cada factura que se emita por parte de los profesionales a las empresas que requieran sus servicios.
El ministro ha dejado claro que los valores se han acordado con el sector y se podrán actualizar en la ley del presupuesto, de forma que la intención es ir revisándolos para completar el objetivo que la supervisión de la auditoría de cuentas no suponga “un sobrecoste” para la administración.
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