Asegura que desconocía la existencia de multas de la Confederación Hidrográfica, versión avalada por la técnica municipal que autorizó su pago
OURENSE, 19 (EUROPA PRESS)
La alcaldesa del municipio ourensano de A Bola, María Teresa Barge, se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense acusada de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por no intervenir para impedir la contaminación de una fosa séptica, propiedad del Ayuntamiento, que carecía de autorización de vertido.
La regidora, que ostenta el cargo desde el 2003 –primero en las filas del BNG y desde 2014 en las del PP–, ha defendido la actuación municipal asegurando que “la intención nunca fue contaminar, nada más lejos”.
Así lo ha proclamado durante su derecho a la última palabra, por unos hechos por los que el Ministerio Público pide un año y seis meses de prisión, inhabilitación pública y el pago de una multa de 2.800 euros.
El escrito de acusación recoge que la alcaldesa era conocedora de la existencia de la fosa séptica en el lugar de Podentes y que, “con dejación de sus funciones y a sabiendas del deterioro producido al medio ambiente”, no sometió dichas aguas “a tratamiento depurativo simple o primario”, “ni realizó obras para derivarlas a un colector público”, llegando las aguas residuales a la cuenca del arroyo de Porto.
El Ayuntamiento fue sancionado por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil hasta en dos ocasiones por esta contaminación. Las multas ascienden a 1.316 euros, recibida en febrero de 2019; y a 1.107,33 euros, recibida en octubre de 2020.
UN PARTICULAR LO DENUNCIÓ A FISCALÍA
Un particular que, según el escrito fiscal, sufrió contaminación fecal en una finca de su propiedad, en la que está ubicada la fosa séptica, fue el que llevó el caso al Ministerio Público, no sin antes haber advertido previamente del problema a la alcaldesa.
Así lo ha explicado el denunciante en la sala: “Antes de meter burocracia de por medio hablé con ella, no se me hizo ningún tipo de caso, mandé un escrito y tampoco nadie del Ayuntamiento fue por allí”.
El vecino ha expuesto que la finca es una herencia familiar que él, con un ciclo superior de Forestal, quería poner a producir. “No he iniciado la explotación, porque con el Ayuntamiento y los vecinos en contra he perdido interés en hacer nada”, ha lamentado.
En este mismo sentido, el denunciante ha asegurado que si hubiera sabido lo de la fosa séptica no hubiese adquirido la parcela, porque así “no vale nada”. De hecho, según su versión, la alcaldesa le dijo que “no es para tanto, es como tener unos cerditos cerca”.
La fosa daba servicio a siete casas, un pequeño centro de salud que solo pasa consulta dos veces por semana y una residencia de mayores, de 24 plazas.
LA ALCALDESA NIEGA QUE LO SUPIESE
La versión de la acusada es que las notificaciones de las dos multas impuestas por la Confederación no le llegaron, sino que fueron atendidas por la técnica de empleo del Ayuntamiento, que tiene autorización para hacer pago de expedientes cuando la cuantía es inferior a los 3.000 euros.
“Tuve conocimiento de la situación con la llegada de los agentes del Seprona”, ha sostenido la Barge, asegurando que desde ese momento inició las actuaciones para mejorar la planta “llamando a técnicos, poniéndose en contacto con la Confederación y estableciendo un plan municipal de recogida”.
Su versión ha sido avalada por la técnica, que ha reconocido que no informó a la alcaldesa al ser la cuantía inferior a los 3.000 euros. “Pagué y archivé”, ha aseverado.
VERTIDO DE AGUAS FECALES
En la sala han testificado trabajadores del Seprona que se encargaron de la recogida de muestras y han afirmado que el análisis dio como resultado que “se trataba de un vertido de aguas fecales”, en una zona que forma parte de la Reserva de la Biosfera de Allariz.
Además, los informes periciales han confirmado la detección de valores por encima de los permitidos en sustancias como amonio, tanto en los análisis realizados en las fosas como en varios pozos situados a 200 metros del vertido.
Por todo ello, la Fiscalía ha considerado como acreditado que el Ayuntamiento de A Bola permitió los vertidos pese a carecer de autorización, “con las consiguiente repercusiones medioambientales en la zona” y “con una manifiesta dejación”.
Así pues, además de la pena de prisión, la inhabilitación y la multa, el Ministerio Público exige que la regidora, con el Consistorio como responsable civil subsidiario, indemnice al denunciante con la cuantía en la que se han cifrado los daños medioambientales en su propiedad, 1.450 euros, y a la CHMS en la cantidad de 5.011 euros, por los gastos ocasionados para la reposición del lugar a su estado natural.
La acusación particular se ha unido a la petición de Fiscalía lamentando que “se ha llegado a celebrar el juicio porque así lo ha querido la regidora”, ya que era “consciente” de los vertidos pero “no hizo nada y no comunicó nada a los vecinos”.
Por su parte, la defensa ha interesado la libre absolución al entender que no concurre ningún tipo de delito “ni tampoco perjuicio real ni potencial, ni en el agua ni en el medio ambiente”. “Si las sanciones fueron leves el delito no puede ser grave”, ha sostenido el letrado. El caso ha quedado visto para sentencia.
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