La mayoría de los grupos políticos de las Cortes pide un carácter más vinculante para esas sugerencias
VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha detallado este lunes que los entes públicos de la comunidad –Junta, ayuntamiento, diputaciones, Consejo de El Bierzo y universidades– aceptaron el 81 por ciento de las recomendaciones realizadas por el Consejo en 2020 aunque el cumplimiento de las mismas fue del 55 por ciento.
Amilivia ha presentado este lunes en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el informe relativo al seguimiento de unas 200 recomendaciones que planteó a los entes fiscalizados en el ejercicio 2020, trabajo que no tiene naturaleza fiscalizadora; en la misma comisión en la que se ha analizado las ayudas y subvenciones vinculadas a la COVID-19 tramitadas por la Administración autonómica en el primer año de la pandemia.
El Informe de Seguimiento de las Recomendaciones, publicado el pasado mes de diciembre, es el noveno de esta naturaleza que realiza el Consejo de Cuentas con carácter anual y la actual comparecencia ha sido la octava del presente año.
Los resultados de este informe ofrecen por segundo año consecutivo “los mejores datos globales de la serie histórica”, como ha destacado.
Se trata de recomendaciones que planteó el Consejo de Cuentas a informes que datan la mayor parte de ellos del año 2018 –entre ellos el Informe anual de las cuentas del Sector Público local– e incluso alguno del ejercicio 2016, relativo al Ayuntamiento de León, que como reconoce el Consejo “ha perdido validez”.
Además había recomendaciones resultado de fiscalizaciones de la Administración autonómica, las universidades de Valladolid, Salamanca y León, diputaciones provinciales, la entidad local menor de Navatejera y las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales.
El presidente del Consejo ha subrayado que “el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Cuentas revela por parte de la entidad fiscalizada una voluntad de mejorar la gestión de los recursos públicos y un compromiso con la transparencia, teniendo en cuenta el carácter no vinculante de las mismas” y cree que todo ello es “el mejor reflejo de la ‘auctoritas'” de la Institución
En cuanto a aceptación de medidas (cumplidas íntegra o parcialmente o tomadas en consideración”, representan un grado de aceptación del 94 por ciento en municipios, del 76 por ciento en la Administración autonómica, del 68 por ciento en diputaciones y del 48 por ciento en universidades. En su conjunto, el porcentaje de aceptación alcanza el 81 por ciento.
En el año 2019 el porcentaje de aceptación fue del 69%, por lo que la evolución interanual presenta un notable incremento de 12 puntos porcentuales, alcanzado un nuevo máximo de la serie histórica.
En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones por los distintos entes fiscalizados y, de acuerdo con sus contestaciones, fueron aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 101 de las 186 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 55 por ciento, un porcentaje que algunos de los grupos políticos, como el Mixto, en boca del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, han considerado “manifiestamente mejorable”.
De hecho, Amilivia ha reconocido que se trata de un porcentaje que se podría mejorar, pero ha defendido el trabajo de la entidad que preside, ya que además cuenta con un presupuesto reducido en comparación con entes similares de autonomías de población similar.
MENOR CUMPLIMIENTO QUE EN 2019
Ese porcentaje de cumplimiento l 55 por ciento es ligeramente inferior al obtenido en los informes de 2019 (56 por ciento), aunque superior a los años anteriores, ya que en 2018 alcanzó un 42 por ciento y el más bajo data de 2015, con un 34 por ciento.
En términos absolutos, en el acumulado de los ocho años en los que se lleva realizando este Informe, han sido aplicadas total o parcialmente un total de 668 recomendaciones de las 1.440 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 46% para todo el periodo 2013-2020.
En relación con el porcentaje de cumplimiento, como en los años anteriores, es muy heterogéneo entre las diversas administraciones analizadas; las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo el 63 por ciento; los municipios el 58 por ciento; la Junta de Castilla y León el 48%; y las universidades analizadas, Salamanca y Valladolid, el 30%.
Amilivia ha resumido, como en anteriores informes, que el Consejo de Cuentas insta a la puesta en práctica de las recomendaciones no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.
También ha explicado en cuanto a los siete informes pendientes de comparecencia que, en el caso de que fuera necesario suspender la actividad ordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda, para la presentación de los Presupuestos de la Comunidad de 2023, previsiblemente se solicitaría habilitar el mes de enero para convocar algunas de esas presentaciones.
CRÍTICAS AL BAJO CUMPLIMIENTO DE LA JUNTA
Tanto el procurador leonesista del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, José Ramón García; como el socialista Eugenio Miguel Hernández Alcojor, han criticado el “bajo” porcentaje de cumplimiento de recomendaciones de la Junta de Castilla y León, cuando consideran que debería dar un ejemplo de “transparencia” y de ser “garante de todo lo público”.
De hecho, el representante socialista ha recordado que la extinta Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior “sí que cumplió con recomendaciones por ejemplo con las de despoblación”.
En cualquier caso, Pablo Fernández, ha defendido que las recomendaciones del Consejo deberían tener un carácter más vinculante, algo que como ha recordado Mario Amilivia no está en la naturaleza del ente.
Por otro lado, la procuradora de Vox Ana Rosa Hernando ha señalado, en un sentido similar que es posible que el nivel de cumplimiento pueda parecer que no es elevado debido a que el Consejo de Cuentes “no tiene la suficiente auctoritas”.
Esa mención y alguna otra han llevado a los representantes de Unidas Podemos y PSOE ha insinuar que el partido de derechas duda de la utilidad de un ente como el Consejo de Cuentas o que persigue su disolución.
La procuradora de Vox ha negado que sea así y ha defendido que sus palabras buscan aportar propuestas para mejorar el trabajo del Consejo.
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