MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Ciudadanos ha registrado una iniciativa en el Congreso reclamando que sea la Fiscalía Europea y no los gobiernos nacionales quien vigile el cumplimiento de las sanciones internacionales de la Unión Europea, empezando por las que se vienen aplicando a Rusia tras la invasión de Ucrania.
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la ampliación de competencias de la Fiscalía Europea para que pueda velar por el cumplimiento del régimen de sanciones internacionales de la Unión Europea e imponer las sanciones que correspondan en caso de violación del mismo por parte de personas jurídicas, personas físicas o instituciones y gobiernos”, figura en la proposición no de ley recogida por Europa Press.
Según recuerda Ciudadanos, en los últimos meses se ha visto que algunos países han puesto “palos en las ruedas” para no aplicar las sanciones europeas a Rusia, que afectan a más de 108 entidades y 1.206 personas.
“El Gobierno alemán era reticente a las sanciones al gas ruso debido a la dependencia de su sistema energético de esta fuente de energía –relata–. También hemos visto cómo el Gobierno belga ha conseguido evitar que se impongan sanciones al sector del diamante ruso, por la importancia de esta industria para la economía de Bélgica. Asimismo, los Gobiernos de Chipre, Grecia y Malta han intentado impedir que se sancione a las navieras que transportan bienes energéticos rusos, argumentando que suponen también una parte importante de su riqueza nacional. Por último, el Gobierno húngaro ha bloqueado las sanciones al Patriarca Cirilo I de Moscú, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa y valedor religioso de los abusos de Vladimir Putin”.
Según el partido ‘naranja’, la nueva Fiscalía Europea, puesta en marcha hace un año, “puede aportar un claro valor añadido respecto a la acción que actualmente queda en manos de los gobiernos nacionales”, como la aplicación del régimen de sanciones internacionales.
Con la Fiscalía Europea, “la propia Unión tiene capacidad para impulsar investigaciones y procesos judiciales sin tener que depender de las fiscalías nacionales que, en demasiados casos, están estrechamente ligadas al gobierno de turno, como en el caso de España, y por tanto no actúan de oficio ante posibles casos de corrupción cometidos por miembros del propio gobierno en cuestión o contra personas del entorno del mismo”.
En solo un año, la Fiscalía Europea ya ha registrado más de 2.500 denuncias de presuntos delitos y se han abierto más de 500 investigaciones, con algunas de esas denuncias aún en proceso de evaluación.
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