MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El vicepresidente de Vox y portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, dijo este martes que, en vez de investigar la canción ‘Vamos a volver al 36’, la Fiscalía debería aclarar las “vinculaciones” con ETA y con “grupos golpistas” catalanes de EH Bildu y ERC.
En una entrevista con Servimedia, Ortega Smith valoraba así que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya opinado que está “muy cercano” al delito de odio el contenido de la canción ‘Vamos a volver al 36’, que sonó en el Viva 22, el encuentro con afiliados y simpatizantes que Vox celebró el pasado fin de semana en Madrid.
Este tema fue interpretado por Los Meconios y el ‘youtuber’ Infovlogger. La frase ‘vamos a volver al 36’ era el estribillo de la canción, que incluía frases como “la izquierda que gobierna ya se llama Frente Popular, rodeados de revolucionarios pajilleros de sofá”.
A este respecto, Ortega Smith señaló que contra lo que debería actuar la Fiscalía es contra socios del Gobierno “que tienen más vinculaciones con la ETA y con grupos proetarras y con grupos golpistas en Cataluña y no estarse preocupando por quienes si cumplimos la Constitución y quienes respetamos las leyes”, en referencia, respectivamente, a EH Bildu y ERC, y a Vox y sus simpatizantes,
“DERECHITA ACOBARDADA” DEL PP
Asimismo, el vicepresidente de Vox se refirió a que son precisamente los partidos de la izquierda los que están “permanentemente viviendo” en 1936 y por eso han aprobado en las Cortes la Ley de Memoria Democrática.
Sostuvo que esta norma no promueve la memoria sobre la Guerra Civil española, sino una “desmemoria absolutamente amnésica”, ya que “sólo se acuerda una parte” de lo que sucedió en este conflicto bélico y en los años previos de la Segunda República.
Al mismo tiempo, Ortega Smith criticó la posición del PP sobre las leyes de memoria histórica, ya que está actuando al respecto como una “derechita acobardada” que “compra” a la izquierda esta interpretación de la historia española.
Explicó que por eso Vox está intentando en Castilla y León, donde forma parte del Gobierno, y en otras autonomías, que se derogue la normativa regional que promueve el “guerracivilismo y al enfrentamiento entre los españoles”.
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