El órgano revoca una sanción que se había impuesto a una fiscal por el retraso en la tramitación de un asunto
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La mayoría de los vocales del Consejo Fiscal –perteneciente a la Asociación de Fiscales (AF) y a la Unión Progresista de Fiscales (UPF)– ha denunciado este lunes la “escasez” de medios de los representantes del Ministerio Público para hacer frente a las cargas de trabajo que tienen.
Tras el Consejo Fiscal celebrado esta mañana, los vocales de la AF y de la UPF han emitido sendos comunicados en los que han hecho hincapié en la situación que atraviesa el Ministerio Público. Ambos se han pronunciado a raíz de un recurso que se presentó ante el órgano consultivo por una sanción de advertencia que se impuso al considerarse probado que había una infracción por “retraso no justificado” en un procedimiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los vocales de la AF han asegurado que la situación actual “evidencia” la “absoluta necesidad de un estudio y determinación formal de las cargas de trabajo”. En este sentido, han incidido en que la “escasez de medios personales y materiales” se ve “subsanada”, hasta ahora, por la labor de los fiscales que va “más allá de lo que son sus obligaciones profesionales”.
Los vocales de la UPF han coincidido. “Somos pocos para atender un volumen de servicios y papel que nos impide, como Carrera, llegar a tiempo a todo”, han dicho. Así las cosas, han asegurado que “el panorama de una posible sanción disciplinaria debería eliminarse” del escenario profesional de los fiscales. “No se nos puede sancionar, porque somos pocos y mal repartidos”, han insistido.
RETRASOS EN EL TRABAJO DE LOS FISCALES
Pese a que han coincidido en la situación de la carrera fiscal, han diferido en la votación del caso particular que ha estudiado este lunes el Consejo: el de una fiscal de Madrid que fue sancionada por tramitar con retraso un asunto.
Los seis vocales de la AF y el vocal de la APIF han votado a favor de que se estime el recurso porque, a su juicio, no se ha tratado de un incumplimiento injustificado. Según han precisado los de la Asociación de Fiscales, ha sido un retraso “puntual” de 34 días hábiles y “sin perjuicio acreditado para la Administración de Justicia o el servicio público”.
Además, desde la asociación mayoritaria han defendido que aplicar un reproche disciplinario por un retraso en el que se “pierda de vista la proporcionalidad” afecta no solo al fiscal sancionado “sino a toda la carrera”.
Los dos vocales de la UPF, sin embargo, han votado en contra de que se revocara la sanción, al igual que las dos vocales natas y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Las representantes de la Unión han alegado que se trata de un caso en una Fiscalía Superior con “un volumen de trabajo muy inferior al de la mayoría de las fiscalías” y con “una plantilla comparativamente sobredimensionada”, que, a su juicio, permite poder resolver los procedimientos urgentes en el plazo legalmente establecido. Han incidido, además, en que el asunto “había sido reclamado en diversas ocasiones y se había interpuesto una queja en la oficina de atención al ciudadano por el retraso producido”.
En esta ocasión, sin embargo, el voto del jefe del Ministerio Público no ha sido de calidad, por lo que se ha impuesto el criterio de la mayoría del Pleno del Consejo Fiscal que –siete votos contra cinco– ha resuelto que se revoque la sanción a la fiscal.
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