VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Valladolid ha impuesto una condena de un año y siete meses de prisión por tráfico de drogas a J.A.O.C, el varón juzgado la pasada semana que alegó que la droga que la policía le vio entregar a una mujer en la Estación de Autobuses era propiedad de su cuñada, quien se la había olvidado en su casa.
La versión exculpatoria del encausado y el fallo absolutorio solicitado por su letrado, sin embargo, no han sido atendidos por la Audiencia Vallisoletana, que junto a la citada pena privativa de libertad le ha impuesto el pago de una multa de 110 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El ya condenado relató en el juicio que el día de los hechos, sobre las 21.00 horas del 19 de octubre de 2021, acudió a la Estación de Autobuses tras recibir la llamada telefónica de su cuñada, quien había pernoctado esa noche en su piso y se disponía a regresar a Zamora. La mujer le requería la bolsita de cocaína que se había dejado olvidada en la mesilla de la habitación.
En su declaración exculpatoria, J.A.O.C. mantuvo que él y su cuñada habían estado la noche anterior de juerga en una discoteca de Valladolid donde habían comprado dos gramos para consumo compartido. Ambos durmieron en el piso de él y al día siguiente su cuñada se disponía a coger un autobús de regreso a Zamora capital, donde reside, cuando se percató de que se había dejado parte de la droga y llamó al procesado para que se la llevara antes de partir de viaje.
Aunque uno de los dos policías nacionales que participaron en su detención ratificó en el juicio haber visto al acusado recibir un billete de 50 euros de la mujer, el traficante explicó que el dinero entregado por su cuñada no era por la droga sino porque la noche anterior de fiesta él había pagado “casi todo”.
“Yo tengo un trabajo bien remunerado y no necesito vender droga. Si fuera a traficar no es lógico que lo hiciera en un sitio público como la Estación de Autobuses y menos aún que la clienta fuera mi propia cuñada”, alegó, sin éxito, el acusado.
Pese a ello, la fiscal del caso mantuvo invariable su petición de condena de dos años de prisión y multa de 120 euros al considerar acreditada la comisión del delito por parte del procesado.
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