OVIEDO, 10 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente y consejero de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, ha señalado este lunes que la futura Ley de Calidad Ambiental, actualmente en tramitación, no supondrá mayor carga de trabajo administrativo para los ayuntamientos sino más bien al contrario, ya que el Principado asumirá parte importante de la tramitación de autorizaciones de actividades que gestionan ahora las administraciones locales, incluidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp), normativa obsoleta que data de 1961 y que sustituirá la nueva ley.
Durante su comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Cofiño ha indicado que el impacto burocrático de la ley sobre los ayuntamientos “será reducido”.
“No se verán afectadas competencias municipales relativas a la compatibilidad de las actividades con el planeamiento urbanístico del concejo o con normas u ordenanzas dictadas por los propios ayuntamientos y, lo que es más importante, no habrá merma de la protección del medio ambiente y de la salud respecto a proyectos que conlleven riesgo de impacto ambiental”, ha subrayado.
El vicepresidente ha explicado que todas las actividades “deberán observar la exigente legislación medioambiental para su tramitación, en particular la de evaluación de impacto ambiental y la de prevención y control integrados de la contaminación”.
Igualmente, ha precisado que “solo en el caso de que no se les fije ninguna obligación de autorización por aplicación de las leyes ambientales sectoriales podrán acogerse al régimen de declaración responsable ante el ayuntamiento en el que se pretenda llevar a cabo la iniciativa”.
Cofiño se ha referido a las diferencias entre administraciones locales en función de su tamaño y organización a la hora de valorar el impacto de los nuevos procedimientos establecidos en la ley. Así, ha subrayado que de los 516 expedientes de licencias tramitadas anualmente de promedio en Asturias entre 2017 y 2021, un total de 234 se resolvieron en Gijón (83 expedientes), Oviedo (73), Siero (42) y Avilés (33); es decir, estos cuatro grandes ayuntamientos tuvieron el mayor volumen de actividades clasificadas y tramitaron la mitad de las licencias. En el resto, el impacto es limitado, puesto que el número de expedientes anuales rara vez sube de los diez y para más de la mitad no supera los cinco al año.
Además, con la nueva ley, la gestión de una parte de estas actividades que hasta ahora requieren licencia municipal -entre un 10% y un 20%- pasará a ser responsabilidad del Principado, ya que precisarán de una autorización ambiental integrada (AAI) simplificada. Esto es así porque, dada su incidencia ambiental, requerirán someter sus proyectos a evaluación de impacto ambiental ordinaria y obtener alguna autorización medioambiental por gestionar residuos, provocar emisiones atmosféricas o vertidos, entre otras cuestiones.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Las restantes iniciativas, las de menor incidencia ambiental, se someterán al régimen de declaración responsable y serán las únicas que se tramitarán ante los ayuntamientos.
Esta fórmula, ha comentado, permite al titular iniciar su actividad de forma inmediata, una vez que el ayuntamiento haya emitido el certificado de compatibilidad urbanística y el promotor complete la obtención de otras autorizaciones oportunas por el tipo de actividad, pero sin necesidad de autorización ambiental previa, que se sustituye por un control posterior.
Por esta razón, la carga administrativa de este nuevo procedimiento es más reducida para las administraciones locales que la de la licencia, ya que se circunscribe, fundamentalmente, a comprobar el cumplimiento de las condiciones técnicas y ambientales exigibles en la declaración.
De este modo, se compatibiliza la protección medioambiental con la simplificación y agilización de los trámites administrativos. La declaración responsable ambiental afectará a numerosas actividades económicas, como talleres de reparación de vehículos (sin cabina de pintura), gasolineras, carpinterías metálicas o de madera, hostelería, antenas de telefonía, garajes o ganaderías, entre otras.
Respecto a la capacidad de las administraciones locales para revisar la documentación técnica aportada por el promotor y hacerse cargo del procedimiento de control mediante visita a la instalación una vez iniciada la actividad, el vicepresidente ha señalado que los grandes ayuntamientos “disponen ya de personal, experiencia y capacidad técnica, tanto en lo que se refiere a la revisión administrativa de los expedientes como al control posterior de las actividades”. Además, ha añadido que los ayuntamientos más pequeños o aquellos que lo precisen “contarán con la colaboración del Gobierno del Principado, poniendo en marcha herramientas que puedan dar respuesta a esas necesidades”.
El proyecto Ley de Calidad Ambiental que ahora tramita el Parlamento asturiano persigue poner en marcha un nuevo régimen de intervención administrativa ambiental en el Principado acorde con la legislación ambiental europea y estatal. El texto, señalan desde el Principado, incluye criterios de integración, simplificación y agilización de los trámites administrativos para propiciar el desarrollo económico sin poner en riesgo los valores ambientales de la comunidad autónoma.
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