Las asociaciones piden a las comunidades que soliciten los fondos europeos para ampliar el acogimiento familiar frente a los centros
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este sábado el primer plan gallego de acogimiento familiar, que estará dotado con un millón de euros más de lo que actualmente se destina a este fin, pasando de 3,7 a 4,7 millones. En este sentido, también ha avanzado, y así lo recogerán los presupuestos gallegos del año 2023, un aumento del 20 por ciento en la aportación que se le da a las familias para contribuir a los gastos que se generan.
“Estoy absolutamente seguro de que ninguna familia acoge a un menor por la cantidad que le da la Xunta de Galicia, que nunca va a ser suficiente, pero también creemos que dada la inflación que estamos viendo, lo justo y lo necesario es aumentar esas partidas y, por lo menos, contribuir a ayudar a esas familias por ese esfuerzo que hacen”, ha remarcado. Actualmente, las ayudas van de los 280 a los 600 euros al mes, dependiendo de las características y situación.
Precisamente, Rueda ha participado este sábado en la asamblea general de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf), de la que forman parte las entidades gallegas Acougo y Manaia. Estas entidades reclaman cumplir la legislación vigente (ley 26/2015), que pasa por el impulso del acogimiento familiar y la desinstitucionalización de los menores de edad.
En este sentido, han apelado a las comunidades autónomas a “solicitar y ejecutar” los fondos europeos destinados a apoyar el acogimiento familiar “para transformar el sistema de protección a la infancia” y recalcan que es preciso realizar esta solicitud de los fondos para poder obtenerlos por parte de cada administración autonómica.
Según los últimos datos disponibles de la asociación, a 31 de diciembre de 2020 en Galicia había 890 niños, niñas y adolescentes en centros de menores, 105 de ellos menores de seis años. Mientras, en acogimiento familiar estaban 1.083 menores, solo 190 de ellos en familia ajena, ya que la inmensa mayoría (893) crecen en familia extensa (abuelos, tíos etc..) sin recibir la misma prestación económica y sin acceso, la mayoría de ellas, a un apoyo profesionalizado.
Los programas de acogimiento que están en marcha por parte de la Xuntas se hacen en colaboración con Cruz Roja, Acougo y Aldeas Infantiles. A la hora de seleccionar un nuevo hogar, se tendrán en cuenta aspectos como que no tengan que cambiar de colegio o que pueda convivir con otros niños de su edad.
En este sentido, el presidente autonómico ha destacado que uno de los objetivos es conseguir que crezca el número de personas dispuestas a acoger a menores, con el fin de facilitar que más niños en esta situación puedan contar con un familia para crecer.
“ALIADAS”
Rueda ha agradecido la labor esencial de las familias “aliadas” de la Administración, ya que ha reconocido que las instituciones públicas no pueden hacer todo el trabajo y que, además, se puede hacer “mejor” en casos como este con otro tipo de recursos, como son las familias acogedoras.
Además, está a disposición el Teléfono del Menor –que permite alertar, identificar y asesorar en caso de algún riesgo–, las 400 plazas de apoyo socioeducativo que la Xunta ofrece a niños en desamparo, el programa de integración familiar y los ocho puntos de encuentro familiar que hay en la Comunidad gallega para garantizar un régimen de visitas seguro. A ello hay que sumar la red de centros de los que dispone la Xunta cuando se detecta un problema, al respecto de lo que actualmente hay 2.500 niños bajo tutela o guarda del Gobierno gallego.
DESINSTITUCIONALIZAR
En el marco de la celebración de su Asamblea anual, la presidenta de ASEAF, María Arauz ha instado a los gobernantes de las comunidades autónomas a “aprovechar la oportunidad única ante la que nos encontramos, gracias a los fondos europeos y la voluntad política de todos los partidos, para lograr la transformación del sistema de protección a la infancia de manera que garantice el derecho de todos los niños y niñas a vivir en una familia”.
En el acto institucional, que también ha contado con la presencial del alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y de la presidenta de Acougo, Rebeca Pereira, se ha solicitado a todas las administraciones autonómicas a que reorienten los fondos destinados al acogimiento residencial, hacia el acogimiento familiar.
A ello, se ha sumado la petición de que se ejecuten los 1.143 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que incluye el impulso de la desinstitucionalización y el cambio de modelo de cuidados, así como de todos los fondos disponibles en el Plan de Acción de la Garantía Infantil Europea, que plantea reducir un 50% la proporción de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en acogimiento residencial.
ESTANCAMIENTO
Actualmente en España el acogimiento residencial continúa siendo el prioritario, el 73% de los niños y niñas que entran en el sistema de protección cada año, lo hacen directamente a un centro.
El acogimiento familiar se encuentra en una fase de estancamiento (18.892 niños y niñas en acogimiento familiar), sobre todo en lo relativo a las familias ajenas, mientras que el acogimiento residencial continúa creciendo gracias en parte, a la dedicación de fondos por parte de las Administraciones.
“Estamos detectando que en algunas comunidades autónomas estos fondos europeos destinados a desinstitucionalización, están siendo utilizados exclusivamente para la mejora de sus centros de menores, una inversión que consolida el modelo residencial y hace evidente la resistencia al cambio de la administración”, afirma Arauz.
Y es que para lograr avances reales en la desinstitucionalización de la infancia protegida, se requiere “mejorar la intervención preventiva desde los servicios sociales, para evitar las situaciones de desamparo, apoyar los procesos de reintegración familiar e incentivar con apoyos y acompañamiento adecuado, el acogimiento familiar”.
APOYO DEL ALCALDE DE SANTIAGO
Por su parte, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha remarcado que “ningún niño es culpable ni responsable de las circunstancias ni de haber nacido en otro país o de que sus padres tengan una problemática”. “Ellos son exclusivamente víctimas”, ha manifestado.
En este sentido, ha apuntado que la administración pública “hace lo que puede y llega hasta donde llega”, pero un niño es “una persona en formación y precisa cuestiones que la administración pública” no puede darle, más allá de vestimenta, comida y unas reglaes de convivencia. “El cariño y las relaciones humanas son diferentes”, ha expresado.
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