MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Cinco adolescentes hongkongeses que formaban parte de un grupo proindependentista han sido condenados a tres años de estancia en un correccional por participar en las protestas a favor de la autonomía del territorio contra la soberanía de Pekín, en las primeras condenas a menores derivadas de la criticada Ley de Seguridad Nacional, impuesta desde el Gobierno chino y considerada por la oposición como una herramienta de represión contra la disidencia.
Los cinco adolescentes pertenecían a un grupo conocido como El Retorno de los valientes y tienen entre 15 y 18 años cuando comenzaron los procedimientos bajo las órdenes del magistrado Kwok Wai Kin.
Este sábado, el juez ha ordenado que los cinco condenados se pasen los tres próximos años en un centro de entrenamiento vocacional en una institución penal, según el veredicto al que ha tenido acceso el ‘South China Morning Post’.
El grupo, formado por una veintena de jóvenes y que se describía como “las brasas de la revolución” fue acusado de organizar 13 puestos callejeros de protesta, conferencias de prensa, y de operar tres cuentas de redes sociales entre enero y mayo del año pasado con el objetivo de “derrocar a Pekín y la administración de Hong Kong”.
La Policía hongkongesa se incautó durante las detenciones de varias “armas y equipo de protesta” en una redada en el almacén del grupo en Cheung Sha Wan y en las respectivas casas de los acusados, incluidas pistolas de aire comprimido, porras extensibles, cuchillos, respiradores, cascos y chalecos tácticos.
El juez ha ignorado los atenuantes de edad presentados por la defensa pero dejado finalmente en manos de la institución penitenciaria el tiempo que permanecerán los condenados en el correccional, siempre y cuando no exceda del límite de tres años fijado por el magistrado.
Las autoridades chinas aseguran que la polémica Ley de Seguridad ha restaurado la estabilidad del centro financiero mundial después de las protestas masivas contra el gobierno y a favor de la democracia en 2019. Sin embargo, expertos en derechos humanos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidieron en julio la derogación de la ley, bajo sospecha de reprimir libertades fundamentales.
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