La CIG exige a la Consellería de Educación que “rectifique en su política a favor de la privada” y destine esos fondos a la pública
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)
La Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades abrirá durante un mes a partir de este sábado, 8 de octubre, el plazo de solicitud de subvenciones de hasta 10.000 euros para que colegios privados concertados contraten profesorado de apoyo durante el curso actual (2022/23) y el siguiente (2023/24).
El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes la orden de esta línea de ayudas, que cubrirán los gastos de contratación de una persona originados entre septiembre de 2022 y junio de 2024, con un presupuesto total de 1.287.324 euros.
En concreto, esta convocatoria se enmarca en el programa de apoyo educativo ‘PROA+’, cofinanciado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea en el marco del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El objetivo, tal y como recoge el DOG, es “alcanzar el éxito escolar de todo el alumnado, haciendo especial hincapié en aquel en situación de vulnerabilidad socioeducativa, creando una cultura que busque el éxito y la permanencia en el sistema educativo de todo el alumnado”.
Los centros privados con concierto con la Xunta que quieran optar a estas ayudas deben acreditar un porcentaje mínimo de un 30 por ciento de alumnado vulnerable en el conjunto de las etapas del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO); contar con la aprobación de un mínimo del 60 por ciento del claustro de profesores; y formalizar un contrato con el docente de apoyo de al menos siete meses, entre otros requisitos.
Durante el proceso de selección, los colegios obtendrán una puntuación en función del porcentaje de alumnado vulnerable (hasta 22 puntos), del número total de estudiantes matriculados que tengan (hasta 22), del porcentaje de escolares con necesidades específicas de apoyo educativo (hasta 17), del porcentaje de alumnado con materias del ámbito científico-matemático (hasta 17) y sociolingüístico (hasta 17) no superadas en el curso anterior, y de si están situados en ayuntamientos rurales de menos de 5.000 habitantes (5 puntos).
De acuerdo con la valoración numérica obtenida, se concederá una ayuda de 6.000 euros (entre 30 y 50 puntos), de 8.000 euros (entre 50 y 70) o de 10.000 euros (más de 70) por curso, si bien los que obtengan menos de 30 puntos quedarán directamente excluidos. Nunca se concederá subvención para la contratación o contraprestación económica de más de una persona por centro docente, puntualiza la orden.
FIRMA CON LA CONSELLERÍA UN CONTRATO-PROGRAMA
Los centros que resulten beneficiarios tendrán que firmar con la Consellería un contrato-programa que explicitará cuestiones como los objetivos que se persiguen y las actuaciones a desarrollar.
Más en detalle, este contrato contendrá el compromiso del colegio de aplicar los principios pedagógicos del programa ‘PROA+’, como la “igualdad de oportunidades en el acceso”, la “no segregación” y la “educación inclusiva como principio fundamental, de manera que todo el alumnado aprenda conjuntamente y se atienda su diversidad”.
El colegio también se tiene que comprometer, según insiste la orden publicada en el DOG, a “aplicar, explicitar y desarrollar los principios pedagógicos ‘PROA+’, tomando como modelo la escuela inclusiva y no segregar internamente al alumnado”.
Precisamente, consultada por Europa Press sobre si esta última cuestión implica la no separación del alumnado por géneros en los centros concertados, la Consellería de Educación confirma que “se refiere a la segregación en general, por cualquier motivo”. En todo caso, matiza este departamento, se trata de “uno de los puntos de baremación”.
“NO TENEMOS DINERO PARA LA PÚBLICA PERO SÍ PARA LA PRIVADA”
Tras la publicación de esta orden en el DOG, la CIG-Ensino ha emitido un comunicado en el que manifiesta su “sorpresa” y se queja de que, mientras esto ocurre en los centros concertados, en la educación pública la Xunta “solo” contempla la prórroga de las contrataciones del programa ‘PROA’ a los colegios que tenían docentes de refuerzo el curso anterior, “sin tener en cuenta las nuevas necesidades de atención educativa” que pudieran surgir.
“No tenemos dinero para la enseñanza pública pero sí para la privada”, resume el sindicato nacionalista, con lo que considera ya “uno de los axiomas” de la Consellería de Educación.
Por ello, la CIG insta a la Administración gallega a “rectificar en su política a favor de la enseñanza privada” y que destine los casi 1,3 millones de euros a cubrir “las carencias” de la pública.
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