El eurodiputado ve complicado que la directiva llegue al pleno en junio
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, ha afirmado que la prioridad de la directiva europea sobre diligencia debida de las empresas sobre sostenibilidad es que sea operativa y funcional y “se pueda aplicar de verdad”.
Lo ha dicho este viernes en un diálogo sobre esta propuesta de directiva en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, en el que también han participado Xavier Subirats, del Consejo General de Economistas de España; Begoña Mèlich, de Grup Balfegó, y Luis Piacenza, de Crowe Spain.
La propuesta de directiva establece una obligación de diligencia debida de las empresas para “determinar, prevenir, eliminar y mitigar” los efectos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente que pueden causar las actividades de las empresas, de sus filiales y de sus cadenas de valor.
El también portavoz del grupo liberal en el debate de esta directiva ha apostado por que sea menos ambiciosa pero aplicable, en vez de que incorpore más obligaciones y pase ser es una mera ‘check-list’, y ha advertido de que ve “complicado” que la directiva llegue a pleno en junio.
DERECHOS Y MEDIO AMBIENTE
Vázquez ha explicado que la directiva busca fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de cadena de valor a nivel mundial, desde los derechos humanos a la contaminación, a través de mecanismos para prevenir y sancionar.
Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) serán quienes controlarán que las empresas cumplan sus obligaciones de diligencia debida y podrán imponer multas u ordenar que cumplan con la obligación de diligencia debida.
EMPRESAS AFECTADAS
La Comisión Europea (CE) propone que la directiva se integre en las políticas corporativas de las empresas con más de 500 empleados y más de 150 millones de euros en volumen de negocio neto en todo el mundo o bien aquellas con más de 250 empleados y un volumen de 40 millones que tengan el 50% de su actividad en sectores de riesgo –agricultura, minería, minerales y madera–.
También afecta a empresas de países terceros con actividades en la Unión Europea con un umbral de volumen de negocios generados en la organización comunitaria que se ajuste a los criterios de ambos grupos mencionados.
En principio, las pequeñas y medianas empresas no entran directamente en el ámbito de aplicación de la directiva, aunque se verán afectadas indirectamente por las nuevas normas como consecuencia de las acciones de las grandes empresas en sus cadenas de valor.
DIFICULTADES
Vázquez ve “muy complicado” averiguar de forma transparente si una empresa alcanza la facturación de 150 millones, lo cual ha planteado que puede derivar en un agravio comparativo a la empresa europea.
“Vemos una desventaja competitiva, por lo que vamos a proponer que las empresas no europeas deban acreditar que no superan el umbral de facturación en Europa”, ha sostenido.
El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha dicho que aún falta por aterrizar el debate de si hay que cumplir estas condiciones en el viejo continente o en todo el mundo, así como la definición de empresa
El decano del colegio, Carles Puig de Travy, que ha abierto el acto, ha calificado esta directiva de “muy importante” porque va de derechos humanos y proporciona seguridad jurídica, y ha recordado el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh en 2013, que provocó la muerte de más de 1.100 personas.
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