MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado este viernes que “sorprende un poco” que la Fiscalía General del Estado haya dado orden a todas las fiscalías para que los familiares de los fallecidos en residencias y centros de mayores durante el principio de la pandemia, a los que considera “víctimas indirectas”, sean “oídos e informados” en todo momentos.
“Sorprende un poco que a raíz de ciertos acontecimientos la Fiscalía vuelva con el tema de las residencias cuando ha habido muchas denuncias en la Comunidad de Madrid, todas archivadas, y parece que hay una intención clara de abrir este tema
En declaraciones a los medios tras la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado que la Comunidad ha actuado con transparencia en este sentido y está, en cualquier caso, dispuesta a colaborar siempre que sea necesario y, sobre todo, a contar lo que pasó.
“Hemos sido muy claros sobre las actuaciones de la Comunidad de Madrid (…), que se ha hecho siempre con criterios técnicos, de transparencia que hemos tenido en todo momento y siempre pensando en qué era lo mejor para las personas en todo momento”, ha dicho.
PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En concreto, la Fiscalía pide a los fiscales superiores que informen sobre el número de diligencias de investigación tramitadas por los fiscales a fecha 30 de septiembre, así como sobre el número de denuncias y querellas que haya presentado el Ministerio Público entre el 1 de enero y el pasado día 30. Solicita a su vez el número de procedimientos judiciales.
Villafañe explica que, aunque desde los primeros días de la pandemia de coronavirus “se fue elaborando un compendio diario de datos de cada comunidad autónoma con información pormenorizada de la situación y las circunstancias concurrentes en las residencias de la tercera edad”, “se ha podido constatar la necesidad de contar con información de mayor calidad”.
“Es preciso, por tanto, adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad como consecuencia de la COVID-19”, apunta el oficio, al que ha tenido acceso Europa Press.
“OÍDOS E INFORMADOS”
Asimismo, Villafañe insta a los fiscales superiores a dar “las instrucciones u órdenes de servicios que correspondan tendentes a garantizar que los familiares víctimas indirectas sean oídos” en el marco de estos procedimientos.
Les pide que sean escuchados durante las investigaciones en sede fiscal y que cuando pasen a la fase judicial el Ministerio Público plantee que declaren, “velando por su derecho a ser informados”, así como que, en todo caso, los fiscales acudan a dichas declaraciones y a las de los imputados y testigos que “resulten de relevancia”.
A este respecto, recuerda que “resulta de especial importancia proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar, garantizando su protección procesal”.
“Para ello, se ha de velar por que sean oídos e informados en el curso de las diligencias de investigación y del procedimiento penal y que, en su caso, puedan aportar las fuentes de prueba y la información que estimen relevante para el esclarecimiento de los hechos”, indica.
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