MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad conceder el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al diputado del PP Alberto Casero, al que se achacan indicios de delito de prevaricación y malversación por contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres).
La Comisión del Estatuto del Diputado, que preside la socialista Adriana Lastra, ya celebró hace una semana una primera votación a puerta cerrada y ya hubo unanimidad de los grupos presentes para aprobar un dictamen favorable a la concesión.
Casero, un estrecho colaborador del ex secretario general del PP Teodoro García Egea que copó las primeras planas por su error que permitió aprobar la reforma laboral, tuvo opción a personarse y presentar alegaciones, pero declinó, con lo que este suplicatorio se ha tramitado con gran celeridad.
El último paso era la votación en el Pleno del dictamen de la comisión, un trámite que también se solventa sin transparencia y ni siquiera se da a conocer el resultado. Los diputados no están obligados a seguir consignas de voto, ya que su voto es secreto, pero según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, ha habido unanimidad para conceder el suplicatorio.
Tras la votación, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dispone de un plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, para dar traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiendo de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
NO SE RECHAZA UN SUPLICATORIO DESDE 1988
Hasta ahora el Congreso había aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El último que salió adelante fue el suplicatorio de la portavoz de Junts, Laura Borràs, en junio de 2020, dando luz verde al Tribunal Supremo para que fuera investigada por delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
En una votación secreta, el suplicatorio salió adelante con 293 síes de diputados del PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos; en contra se posicionaron los 14 que suman Junts y el PNV y se registraron también cinco abstenciones.
En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
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