VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)
La Unió de Llauradors y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) han valorado de forma positiva la derogación de la prohibición de la quema de restos de poda y han puesto en valor el trabajo y la presión del sector para conseguir que se modifique la normativa.
En sendos comunicados, las organizaciones agrarias han saludado que el Congreso de los Diputados aprobara este miércoles la modificación de la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que prohíbe de forma general la quema de restos vegetales
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha reivindicado sus “continuadas gestiones realizadas ante la Generalitat Valenciana, todos los grupos políticos y los Ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica” para que la normativa estatal se modifique.
Este cambio “va a permitir volver a quemar con normalidad, como se quemaba antes de que se publicase esta ley el pasado mes de abril”, ha destacado. No obstante, ha apuntado que “hay que esperar a que se formalicen los pertinentes trámites, de manera que, hasta que no sea publicada en el BOE esta modificación y entre en vigor, no habrá una solución definitiva”.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha asegurado que “es de sentido común que la mayoría del Congreso de los Diputados haya entendido lo que viene reclamando el conjunto del sector agrario y por fin haya derogado el artículo que consideraba los restos de poda de cultivo como residuos, cuando los restos forman parte del propio cultivo y su quema es una labor esencial para eliminar plagas y mantener la viabilidad de las explotaciones”.
“Lamentamos que el acuerdo no haya sido aprobado por unanimidad, estamos convencidos de que muchos políticos del PSOE y Podemos –partidos que no han apoyado la modificación– no comparten la errónea interpretación de su partido”, ha añadido.
Por su parte, la Unió Llauradora i Ramadera ha celebrado que esta asociación y el resto de las organizaciones que componen la Unión de Uniones “han conseguido que los grupos políticos en el Congreso de los Diputados” aprobaran la modificación.
En ese sentido, ha afirmado que “desde el pasado mes de abril, la Unió trabajó intensamente para evitar la prohibición de las cremas agrícolas en la peor época del año y una vez entrada en vigor la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular que impulsó el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera y, donde en aquel momento se logró una moratoria en su aplicación de tres años para las poblaciones con Planes Locales de Quema”.
Ha recordado que, en su traslación a las comunidades autónomas, Les Corts tienen en fase de tramitación la proposición de ley de residuos y suelos contaminantes para el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, “donde siguiendo la línea de la Unió se pretende dejar fuera de su ámbito de aplicación ‘a la paja, rastrojos y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, que se utilice en la silvicultura o en explotaciones agrícolas o ganaderas para acolchado o incorporación al suelo, compostaje, alimento o camas para animales, u otros usos agrarios, o bien para la producción de energía a partir de biomasa, siempre que se emplean procedimientos o métodos que no ponen en peligro la salud humana o dañan el medio ambiente'”.
Por lo tanto, ha señalado que uno de los objetivos de la Unió, que era que este tipo de leyes no consideraran a los restos agrícolas como residuo, “va por buen camino en la Comunitat Valenciana y ahora también en el resto del Estado”.
“La prohibición de quemas agrícolas comportaba costes económicos en todas las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales y costes ambientales, ya que habría que haber trasladado incontables toneladas de restos vegetales a centros de tratamiento o bien comprar o alquilar maquinaria para triturarlos, lo que, además del sobrecoste para el campo, habría provocado una mayor emisión de CO2”, ha afirmado.
La Unió, además, ha señalado que con esta prohibición la Administración “iba más allá de lo previsto en las directivas de la Unión Europea de residuos y la relativa a la reducción de las emisiones, que no establecen la obligación de la prohibición con carácter general y, al contrario, obligan a velar por que se tenga en cuenta el impacto en las pequeñas explotaciones agrarias”.
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