Un venezolano ha comparecido este jueves para ratificar que se considera perjudicado por la presunta red policial
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Los presuntos miembros de la red de policías y abogados investigados por estafa y/o extorsión en el denominado caso ‘Caranjuez’ han negado haber ofrecido a excargos del Gobierno de Venezuela servicios e “influencias” en la Administración a cambio de dinero e información de Podemos.
Fuentes presentes en la ronda de declaraciones de este jueves han confirmado a Europa Press que los investigados se han desmarcado de las acusaciones; en concreto, han negado haber pedido o cobrado dinero de los presuntos perjudicados y han descartado también haberles amenazado.
Se trata de la segunda tanda de declaraciones que celebra la titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid. La semana pasada, la juez escuchó a dos de los presuntos perjudicados, el exviceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa y el asesor financiero Dimas Antúnez, quienes ratificaron lo que dijeron en sede policial, es decir, que –a su juicio– fueron extorsionados por la red policial ahora investigada.
UN VENEZOLANO DICE QUE LE PIDIERON 2 MILLONES
Este jueves, el primero en declarar ha sido Carlos Aguilera, de los servicios de Inteligencia de Venezuela, quién ha comparecido vía videoconferencia desde Caracas en calidad de perjudicado después de que la semana pasada se suspendiera su declaración por motivos médicos. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, no estaba previsto que declarara este jueves, pero la juez ha accedido a última hora a la petición de su letrado.
Las mismas fuentes han precisado que Aguilera ha ratificado lo que dijo en sede policial. En aquella ocasión, reconoció haber mantenido reuniones con dos de los investigados en Madrid en 2015 y aseguró que Martín Rodil –abogado estadounidense imputado– se le acercó previamente para ofrecerle ayuda con una serie de noticias en las que se decía que estaba investigado por el Sepblac.
Según las fuentes consultadas, el venezolano ha dicho a la juez que la red investigada le ofreció varios servicios: abrir una cuenta bancaria en España, conseguir un pasaporte español y parar una investigación que supuestamente había en su contra. Al hilo, ha indicado que le reclamaron hasta dos millones de euros y que llegó a abonar unos 230.000 euros. Ha asegurado que finalmente concluyó que la red se dedicaba a “generar problemas” y no a solucionarlos y que por ello decidió apartarse.
Las fuentes consultadas han precisado que de los 13 investigados citados para este jueves, cuatro no han acudido al juzgado. Según han indicado, Luis Fernando Vuteff se encuentra extraditado en Estados Unidos; Martín Rodil permanecería en paradero desconocido; y José Vicente Amparan y Ralph Steinmann estarían fuera de España.
UN ABOGADO NIEGA LAS ACUSACIONES
Así, el primero de los investigados en comparecer ha sido el abogado José Aliste, acusado de “contactar con ciudadanos venezolanos vinculados a operativas de blanqueo de capitales para ofrecerles sus servicios” y “hacer valer su supuesta capacidad para influir en funcionarios policiales y de instituciones” para que “lograsen beneficios como la libre apertura de cuentas bancarias en España o la obtención de permisos de residencia o incluso la nacionalidad”. Su interrogatorio ha empezado a las 11.57 horas y se ha extendido durante una hora y 20 minutos.
Según las fuentes presentes en el interrogatorio, ha ratificado la declaración que prestó en sede policial en febrero, cuando fue detenido en el marco de la ‘operación Caranjuez’. El abogado ha explicado que sí prestó servicios legales a varios excargos del Gobierno de Venezuela, pero negó haber participado en estafa alguna.
Así, ha insistido en que avisó a alguno de los investigados que decirle al exviceministro venezolano Alvarado Ochoa que “le iba a echar a la policía encima” o que le iban a expulsar de España podía ser constitutivo de chantaje, amenazas o extorsión. Y ha asegurado que aconsejó al excargo del Ejecutivo de Hugo Chávez que denunciara.
Fuentes jurídicas, además, han asegurado que Martín Aliste ha respaldado la versión que ya defendió la semana pasada el propio Alvarado Ochoa en sede judicial. Ha manifestado que el exviceministro le pidió entrevistarse con miembros de la Policía para facilitar información relativa a Venezuela que pudiera ser de interés para las autoridades.
En este sentido, ha indicado que sí llegó a concertar un encuentro con el ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros mandos. En dicha reunión, ha puntualizado, el exviceministro venezolano aportó documentación relacionada con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y con Podemos. Según ha dicho, por esto nunca recibió ni solicitó ningún favor o contraprestación.
LOS POLICÍAS SE DESMARCAN
A las 13.20 horas ha comparecido Ignacio Sánchez Cumba, investigado supuestamente vinculado a varias mercantiles que se encuentran bajo sospecha de las autoridades. Según las fuentes consultas, se ha acogido a su derecho a no declarar.
Daniel Renuncio, policía municipal de Madrid investigado, y su esposa –también imputada en el procedimiento– han sido los siguientes en presentarse ante la juez. Según el informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción –redactado en 2020 y al que ha tenido acceso Europa Press– ambos “recibieron al menos 41.258 euros a través de estructuras de ocultación de fondos proporcionadas por la organización criminal”. Fuentes presentes en la declaración han indicado a esta agencia que ambos han negado las acusaciones.
El quinto en comparecer este jueves ha sido David Barrigüete, inspector de la Policía Nacional, y su esposa. En el informe antes mencionado se asegura que ambos son titulares al 50% cada uno de varias “sociedades utilizadas por la organización criminal y que derivaron en la recepción por parte del matrimonio de al menos 744.769 euros”. Fuentes jurídicas consultadas han manifestado que la pareja también se ha desmarcado de los delitos que se les atribuyen.
Las mismas fuentes han relatado que el consultor de seguridad hipano-israelí Alberto Galán Fereres –también investigado– ha negado también las acusaciones que se vierten en su contra. Ya el pasado febrero, cuando fue detenido en el marco de la ‘operación Caranjues’, dijo que nunca había avisado a venezolanos sobre anotaciones rojas de la Interpol porque carecía de acceso a tales bases de datos y negó haber recibido dinero de los policías investigados.
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