MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El secretario general de Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), Marcos Casado, solicitó este miércoles un plazo transitorio de tres años para poder instalar los 20.000 puntos de recarga que el sector está obligado a introducir antes del 1 de enero de 2023 porque España es “el único país de la Unión Europea que ha decidido adelantar dos años los requisitos mínimos establecidos por la Directiva europea de eficiencia energética”.
Así lo apuntó el miembro de la patronal que representa a empresas como Carrefour, El Corte Inglés, Ikea o Media Markt durante su intervención parlamentaria en la Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno.
En concreto, Casado propuso un plan progresivo para instalar el 20% del total de plazas antes del 1 de enero de 2023, el 50% antes del 1 de enero de 2024, y el 100% de las estaciones de recarga para el 1 de enero de 2025.
En este sentido, señaló que sólo las empresas de Anged deberán acometer la instalación de 20.000 puntos de recarga antes del 1 de enero de 2023, frente a los 17.000 totales que hay ahora en toda España.
Por ello, pidió una “mayor proporcionalidad y racionalidad” en el despliegue de la red de infraestructura de los puntos de recarga para vehículos eléctricos, ante la “imposibilidad” técnica y material de poder alcanzar los objetivos marcados por el Gobierno para el 1 de enero de 2023.
Con una inversión de entre 3.000 y 6.000 euros por cada punto de recarga, el despliegue de esta red “no sólo requiere de una fuerte inversión para las empresas, si no de una capacidad técnica (empresas instaladoras autorizadas) y una adecuación del resto de normativa (municipal, prevención, seguridad, entre otras) que no se da en estos momentos”, subrayó la patronal.
El secretario general de Anged solicitó “ayudas efectivas para el despliegue de estas infraestructuras y, sobre todo, una disminución de las trabas administrativas, las cargas burocráticas y los complejos trámites de las licencias, que retrasan en exceso las nuevas instalaciones de puntos de recarga”.
Según la patronal de la distribución, el sector “puede contribuir a la transición hacia una movilidad más sostenible y a incrementar el número de puntos de recarga, pero la norma debe ser proporcionada y racional, buscar incentivos y no aumentar todavía más la crisis de costes que sufren las empresas.
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