MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El Congreso de los Diputados pidió este miércoles al Gobierno garantizar que “las entidades bancarias cumplen el Real Decreto 1/2013 que establece el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social en lo que se refiere a la accesibilidad de los cajeros automáticos, tanto fuera como dentro de las oficinas”, y que implantan las medidas necesarias para asegurar el acceso y el uso de estos dispositivos por parte de dicho colectivo.
Así se recoge en una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, que también recomienda estudiar el diseño de cajeros automáticos para que cumplan con todos los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.
La iniciativa, que salió adelante por 25 votos a favor y 9 abstenciones, propone también revisar la normativa sobre el uso de tarjetas de crédito y de débito por parte de las personas con discapacidad y mayores, a fin de que éstas no tengan que cargar con comisiones derivadas de la falta de accesibilidad de los cajeros.
En la defensa de la proposición, la portavoz socialista, Yolanda Seva, apuntó que “una operación cotidiana como retirar efectivo se puede convertir en una auténtica odisea” para las personas mayores, con movilidad reducida o en silla de ruedas por la falta de accesibilidad de los cajeros.
“O son demasiado altos o demasiado bajos; a veces están encajados en el hueco de una fachada, y si están dentro, a veces es preciso salvar algún escalón para acceder a ellos”, lamentó.
Debido a ello, las personas mayores o con discapacidad tienen que recorrer grandes distancias y buscar para dar con el cajero adecuado, que no siempre se corresponde con su sucursal, prosiguió, lo que “puede encarecer cualquier operación”.
Agregó que si además pensamos en el mundo rural, donde la sucursales bancarias empiezan a desaparecer, “la discriminación resulta incluso doble”.
El PP fue el único grupo que se abstuvo en la votación por considerar que “se trata de una proposición absurda”, que insta al Gobierno “a hacer cumplir la ley y a revisar una normativa”, tareas ambas que “se suponen” de oficio.
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