MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido este miércoles que la subida de las pensiones para 2023, estimada en un 8,5%, responde al cumplimiento de la ley, que obliga a revalorizarlas de acuerdo al IPC, y no al año electoral, de cara a las próximas elecciones autonómicas y posteriormente generales.
Álvarez considera que el aumento del 41,8% de la partida para pensiones recogido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2023, presentados el martes tras el Consejo de Ministros, “cumple con sus obligaciones con las personas jubiladas” y “aplica la reforma de las pensiones” acordada con el Gobierno.
“Se van a revisar de acuerdo al IPC, cualquier otra hipótesis no sería razonable. Van en una línea de compromiso social”, ha dicho este miércoles el secretario general de UGT en una entrevista en el Canal 24Horas, en la que ha valorado los PGE del próximo año.
Álvarez también ha recordado que 2023 será el segundo año en el que se aplica la reforma de las pensiones, que establece una revalorización de esta prestación conforme a la inflación media de los 12 meses anteriores a noviembre.
El monto destinado a pensiones en 2023, de 190.687 millones de euros, también ha generado algunas críticas, que, en opinión del secretario general de UGT, responden a “un interés muy especial de quienes no se atreven a decir a los pensionistas que no quieren subir las pensiones”, y ha señalado al PP y a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Álvarez sostiene que la revalorización de las pensiones es necesaria para que los jubilados puedan vivir en 2023 igual que en 2022, y ha recalcado que en España no existen pensiones netas de 3.000 euros. Además, se ha mostrado partidario de que incluso las pensiones más altas cuenten con esa subida del 8,5%, porque el sistema “es contributivo” y “cada uno tiene una pensión de acuerdo a las cotizaciones que ha hecho”.
“¿Por qué vamos a pedir a esas personas que hagan el sacrificio y cuando queremos poner un impuestos sobre las grandes fortunas nos echamos las manos a la cabeza, cuando van a tener medios y recursos sin ningún tipo de límites?”, ha planteado el secretario general.
IMPUESTOS, “FUNDAMENTALES” PARA REPARTIR RIQUEZA
El secretario general de UGT también ha valorado el paquete de medidas fiscales presentado la semana pasada por el Ejecutivo, que resulta necesario para “cuadrar los números”, como ha apuntado durante la entrevista.
Para Álvarez, el Gobierno ha encontrado “un equilibrio” al permitir que las “clases bajas y no tan bajas”, con rentas inferiores a 21.000 euros, “tengan un alivio fiscal” para “compensar la inflación galopante del país”.
“Hay que cuadrar las cuentas. Las clases medias y los trabajadores de este país tenemos que ser plenamente conscientes de que sin impuestos no hay derechos. Los impuestos no son una carga, son los derechos para las personas que no tienen medios”, ha subrayado.
Álvarez ha insistido en que los impuestos son el “elemento fundamental” para repartir la riqueza del país y ha censurado “la senda” propuesta por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de bajar los impuestos a las clases medias y bajas, pero también a las altas. “Es lo que está haciendo el PP en Madrid”, ha denunciado.
NEGOCIACIONES “CONGELADAS” CON LA CEOE
Los PGE de 2023 muestran un descenso del 5,3% en la prestación por desempleo, hasta los 21.278 millones de euros, y es la única partida de gasto social que se reduce. “Baja la cuantía, pero aumenta la percepción”, ha aclarado el secretario general de UGT.
La prestación por desempleo recupera el 60% de la base reguladora a partir los seis meses. “Un dato positivo” para Álvarez al permitir que “crezca la cuantía de las percepciones por desempleo para las personas desempleadas a partir del sexto mes”.
Los PGE de este año también recogen el incremento salarial pactado con los funcionarios, que será del 2,5%, con una subida adicional del 0,5% si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%, y de otro 0,5% si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE de 2023.
El acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos se cerró este lunes, con el respaldo de UGT y CCOO y el rechazo de CSIF. “CSIF es el primer sindicato de la función publica, pero la mayoría sindical ha firmado el acuerdo”, ha expuesto Álvarez.
El acuerdo contempla una subida salarial del 9,5% entre 2022 y 2024, que ya incluye el aumento del 2% que han recibido este año.
Para Álvarez, el aumento para los funcionarios, así como otras condiciones laborales del acuerdo, van “en la buena dirección”, al contrario que las negociaciones con la CEOE para “desatascar” el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
“Creo que es un ejemplo que en el sector privado, la CEOE, debería tener en cuenta para poder retornar a la senda de la negociación, dialogo y acuerdo”, ha dicho Álvarez, que ha recordado que la mesa está “congelada desde mayo” y con “pocas perspectivas” de reanudarse.
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