MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Iberdrola se ha convertido en la primera empresa en formar parte de la Fundación Pro Bono España, que fortalece al tercer sector a través del Derecho como herramienta transformadora y multiplicadora del impacto social.
La Fundación Pro Bono España señaló que la incorporación de Iberdrola como primera empresa miembro “supone un hito importante en el pro bono en nuestro país y abre camino para el avance del pro bono desde el sector empresarial en España”.
Los servicios jurídicos de la energética han desarrollado el programa de ‘pro bono jurídico’ de Iberdrola, al que puede sumarse cualquier profesional jurídico de la compañía de forma voluntaria y realizar la actividad durante horas laborales siempre que no afecte al cumplimiento de sus funciones en el trabajo o a su conciliación personal. Ni la empresa ni el profesional cobrarán retribución alguna al beneficiario y el servicio mantendrá la máxima calidad.
Además, Iberdrola formará parte de la Fundación Pro Bono España, una ‘clearinghouse’ o entidad canalizadora de la demanda de servicios de pro bono jurídico, que actúa como intermediario entre organizaciones sociales que necesitan asistencia legal y abogados con capacidad de ayudar.
Desde su creación en 2018, trabaja para fomentar la práctica pro bono y sensibilizar a los profesionales del Derecho sobre la función social de la abogacía. Cuenta ya con una red de más de 40 despachos y múltiples universidades aliadas, a los cuales se suma Iberdrola como la primera empresa miembro.
Desde Iberdrola destacaron que, en consonancia con el compromiso social del grupo, esta iniciativa forma parte de la responsabilidad ética y profesional que se les exige a los profesionales de la abogacía y supone una contribución más al cumplimiento de sus compromisos de sostenibilidad de acuerdo con los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno). Además, da respuesta a las inquietudes de los profesionales de la compañía, incrementadas por el contexto social adverso.
El objetivo es favorecer el acceso a la justicia de los más necesitados, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y fortalecer el compromiso con la agenda global a través del Derecho como herramienta transformadora y multiplicadora del impacto social.
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